Perú ha puesto en marcha una nueva ley para combatir el crimen organizado, proporcionando a los cuerpos de seguridad con mejores herramientas de investigación, en medio de un aumento en la actividad criminal, pero aumentando las preocupaciones sobre la corrupción y los abusos de poder.
La nueva ley -que entró en vigor el 1 de julio- permite a los oficiales de los cuerpos de seguridad interceptar llamadas telefónicas, utilizar agentes encubiertos, y seguir a sospechosos involucrados en el crimen organizado, informó El Comercio.
Además, la ley elimina los beneficios de reducción de penas para los miembros de grupos criminales y aumenta las penas para los líderes de los grupos que utilicen a menores de edad o armas de alto calibre en sus operaciones. La ley también incluye medidas para crear un sistema para almacenar datos sobre reclusos vinculados con el crimen organizado, que incluye información detallada sobre los visitantes que ellos reciben en prisión.
La ley se aplica a 21 delitos diferentes llevados a cabo por grupos de tres o más personas, incluyendo el tráfico de drogas, lavado de dinero, corromper a los funcionarios públicos, tráfico de personas, trata de personas y extorsión.
Análisis de InSight Crime
La implementación de la ley llega en un momento de crecientes problemas con el crimen organizado en Perú.
El país es el principal productor de cocaína del mundo y, en abril, las autoridades identificaron lo que ellos creen que es el primer grupo peruano independiente que maneja operaciones transnacionales de tráfico de drogas directamente a Estados Unidos. Perú también ha visto un aumento reciente en la extorsión, en particular en el sector del transporte, y el tráfico de personas y la minería ilegal parecen estar en aumento.
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Aunque la ley le da a las fuerzas de seguridad nuevas herramientas para combatir el crimen organizado, el país seguirá luchando para contener la expansión del crimen organizado, mientras la corrupción sigue siendo generalizada.
La corrupción es rampante en las fuerzas de seguridad, con agentes de la policía facilitando la extorsión y con señales de que los funcionarios pueden estar involucrados en el suministro de armas para los grupos criminales. Un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos también destacó la corrupción en el sistema judicial, a lo cual ha hecho eco el fiscal antinarcóticos de Perú, e incluso tres de los últimos presidentes de Perú han sido acusados de actividad criminal.
Bajo estas condiciones, la ley también podría generar preocupaciones sobre la cantidad de poder que puede quedar en tales manos y el equilibrio entre la libertades de seguridad y civiles. Permitir un uso más amplio de herramientas tales como las intersecciones telefónicas pueden ser un arma poderosa contra el crimen organizado, pero también puede ser mal empleadas para fines personales o políticos, como ha ocurrido en lugares como Colombia.
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