El Senado mexicano aprobó finalmente una muy debatida ley anticorrupción, pero persisten serias dudas sobre si las reformas tendrán efectos sólo superficiales en las corruptas instituciones del país.
Con 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, los senadores mexicanos aprobaron el 21 de abril una reforma constitucional para crear un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, informó El Universal.
Según El País, esta ley contempla una serie de reformas, entre las cuales se encuentran las siguientes:
- Facilidad para confiscar dinero y activos de políticos condenados por enriquecimiento ilícito.
- Nuevas obligaciones para que los servidores públicos entreguen declaraciones patrimoniales y de intereses financieros (aunque éstas no se harán públicas).
- Una lista de multas y sanciones para empresarios que sobornen funcionarios.
- Refuerzos para la Auditoría Superior Federal (ASF), que ahora podrá realizar auditorías en tiempo real, y tendrá más poderes para analizar y rastrear el uso de fondos públicos.
- Un nuevo fiscal anticorrupción que se especialice en funcionarios públicos, el cual podrá investigar casos hasta siete años después de que los crímenes hayan sido cometidos.
Análisis de InSight Crime
Una serie de escándalos recientes ―uno de los cuales involucra al presidente Enrique Peña Nieto― han llevado a que la corrupción oficial se vuelva una prioridad en la agenda política de México, forzando a los políticos a tomar acciones.
Sin embargo, no está claro si estas reformas tendrán un impacto significativo en la lucha contra la corrupción, en parte porque tendrán que ser aprobadas por los congresistas de cada estado ―muchos de los cuales están influenciados por esos caudillos políticos corruptos que las reformas buscan combatir―.
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Las reformas también han sido criticadas por no cubrir suficientes aspectos, como el hecho de no haber removido la cláusula constitucional que protege al presidente de ser investigado por corrupción.
Si bien las reformas que buscan generar mayor control sobre el uso de fondos públicos son bienvenidas, esta es la única cara de la moneda que se muestra cuando se habla de corrupción en México. El otro tema es la complicidad oficial con grupos del crimen organizado, presente en gran parte del país, y no hay muchos elementos en esta nueva ley que aborden este problema explícitamente.
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