Con la aprobación de nuevas normativas, Panamá está tratando de limpiar su imagen como paraíso de los delitos financieros, pero este proceso tiene falencias porque no aborda ciertos vacíos en las políticas del país y en los procedimientos criminales contra uno de sus expresidentes.
El 11 de junio, Panamá aprobó el Decreto Ejecutivo 122, que le exige al país compartir automáticamente con 33 países, sobre todo de Europa, la información financiera relacionada con impuestos. La medida se adhiere a las normas internacionales de información establecidas por el Acuerdo Común de Reporte (CRS por sus iniciales en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aprobadas en Panamá en 2016.
Según La Estrella de Panamá, la medida afecta a ciertas entidades privadas y públicas, así como a las instituciones financieras.
Análisis de InSight Crime
Panamá ha sido utilizado durante mucho tiempo para la evasión de impuestos y el lavado de dinero de las élites de todo el mundo, como lo reveló el escándalo de los Papeles de Panamá en 2016. Si bien en los últimos años el país ha hecho avances para reducir este estigma mediante nuevas leyes que promueven la transparencia, no ha enfrentado algunos de los problemas fundamentales que subyacen a los crímenes financieros.
Las positivas medidas tomadas por Panamá se han dado en gran medida como respuesta a la presión internacional por parte de entidades como la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que entre 2014 y 2016 incluyó al país en su lista internacional de vigilancia del blanqueo de dinero.
A pesar de estas iniciativas, Panamá no ha abordado algunos de los más importantes vacíos en las políticas, los cuales son aprovechados por los delincuentes. Las regulaciones para las empresas anónimas —que benefician a los lavadores de dinero y los evasores de impuestos, pues permiten el establecimiento de compañías fachada sin necesidad de revelar la identidad de sus dueños— siguen teniendo limitaciones. Además, las laxas leyes relativas a la inspección de buques con bandera panameña continúan facilitando la evasión de impuestos y otros delitos.
Otro asunto que empaña los intentos de Panamá por mejorar su imagen es el caso de espionaje adelantado actualmente contra el expresidente Ricardo Martinelli. Algunas fuentes afirman que el actual presidente Juan Carlos Varela —quien fue vicepresidente de Martinelli— hizo parte de su esquema.
Este caso pone de presente que la corrupción en los altos niveles sigue debilitando el Estado de derecho en Panamá, y por consecuencia los intentos de una seria reforma a sus normativas.
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