El Salvador finalmente aprobó una ley antiextorsión que había estado postergada por mucho tiempo, pero aún existen serias dudas acerca de si esta medida será suficiente para hacer frente a uno de los crímenes más generalizados y dañinos en el país.
Después de una extensa discusión política, el Congreso de El Salvador aprobó por amplia mayoría una nueva ley contra la extorsión, que obtuvo 78 votos a favor, del total de 84 diputados (ver la ley completa aquí).
Esta ley establece penas más duras para la extorsión, delito que ahora podrá ser castigado con hasta 15 años de cárcel. El Diario de Hoy informó que la ley también estipula penas más largas para la extorsión agravada, que incluye la extorsión cometida por pandillas o funcionarios públicos, o realizada desde el interior de las prisiones o haciendo uso de armas.
La normativa también presenta una serie de obligaciones para las empresas de telecomunicaciones, como una manera de hacer frente a la extorsión cometida desde el interior de las prisiones, que, según el gobierno, representa el 45 por ciento de los casos de extorsión en El Salvador.
Las empresas tendrán prohibido prestar servicios de telecomunicaciones en zonas cercanas a las prisiones, y estarán obligadas a adoptar las medidas técnicas necesarias para garantizar el cumplimiento de este requisito. También estarán obligadas a suspender cualquier línea telefónica señalada por la Fiscalía General de estar siendo utilizada para extorsionar.
Además, según los términos establecidos por las reformas, la policía y los fiscales ya no tendrán que esperar una denuncia por parte de la víctima o de los afectados para poder investigar los casos de extorsión.
Análisis de InSight Crime
A pesar de la amplia mayoría por la que fue aprobada la nueva ley contra la extorsión en El Salvador, esta sigue siendo una legislación controvertida. La ley fue criticada desde muchos frentes, e incluso algunos políticos de oposición han cuestionado si las disposiciones serán suficientes o si el gobierno tendrá la capacidad de implementar las reformas.
Sin embargo, la norma contiene novedosos e interesantes instrumentos para hacer frente a la extorsión, como eliminar la necesidad de que haya una denuncia para iniciar una investigación. Esta medida puede ayudar a remediar el silencio existente en torno a la extorsión, crimen que es notoriamente subregistrado debido a que las víctimas temen a las represalias.
Quizá la sección más ambiciosa de la ley es la que ha generado más inquietud y probablemente también será la más difícil de implementar: la restricción a las telecomunicaciones en las cárceles.
Establecer responsabilidades legales para las compañías de telecomunicaciones privadas, con el fin de hacer cumplir esta norma, es algo que ha generado preocupación en el sector. Según Contrapunto, representantes de estas compañías se han opuesto a los legisladores aduciendo que, con la tecnología usada actualmente, es casi imposible bloquear completamente la señal de los teléfonos celulares en todo momento; además, los reclusos también utilizan teléfonos satelitales para realizar llamadas, los cuales no pueden ser bloqueados de la misma manera.
En Guatemala, algunas reformas similares, que obligan a las empresas a bloquear las señales, han tenido poco éxito, pues los líderes de las pandillas intentan coordinar las actividades extorsivas a través de notas escritas a mano, aunque esto únicamente ha sucedido en las pocas prisiones donde la normatividad ha sido implementada efectivamente.
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