Colombia retrocede a regañadientes en controversial plan militar

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Nuevas órdenes de la cúpula militar en Colombia revelan un posible retorno a las políticas que desencadenaron una ola de ejecuciones extrajudiciales y aumentan la discordia sobre el futuro del acuerdo de paz con las FARC en el país.

Una investigación publicada por el New York Times revela supuestas órdenes de altos mandos militares de Colombia, mediante las cuales se exige aumentar las capturas y muertes de criminales, y la posible admisión de mayores víctimas civiles. La orden resta importancia a la obligación de las fuerzas militares de enfrentar combatientes enemigos, pues señala que “debe emprenderse operativos con 60 a 70 por ciento credibilidad o exactitud”, según afirmaron dos oficiales entrevistados por el diario estadounidense.

El comandante del Ejército de Colombia, mayor general Nicacio Martínez Espinel, reconoció que dio la orden y justificó la adopción de la medida por la escalada del crimen en el país.

El artículo motivó una pronta respuesta del gobierno. Y al parecer, se modificó la directiva pocos días después, mientras el presidente Iván Duque afirmaba que su administración no tolerará que se cometan crímenes “portando el uniforme de la patria”. Sin embargo, se abrió una investigación interna para descubrir quiénes habrían hablado con el New York Times.

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En febrero, Human Rights Watch (HRW) presentó un informe denunciando que al menos nueve generales de la cúpula militar designada por Duque, incluyendo a Martínez Espinel, tienen investigaciones abiertas por abusos contra los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales ocurridas en unidades bajo su mando entre 2002 y 2008.

En los hechos conocidos como ‘falsos positivos’, soldados del ejército asesinaron a jóvenes colombianos, muchos de ellos pobres o con discapacidad mental, para luego vestir sus cuerpos de guerrilleros o registrarlos como bajas en combate. Se estima que este tipo de ejecuciones cobró la vida hasta de 5.000 personas.

Análisis de InSight Crime

Pese a que el gobierno se echó para atrás con las riesgosas órdenes, la mera existencia de ellas es causa de preocupación real sobre la manera como el presidente Duque y su plana mayor castrense planean enfrentar a los grupos armados irregulares y otros delincuentes.

Nunca ha habido un recuento completo de los falsos positivos, y varios altos militares, incluyendo a Martínez Espinel, se han visto implicados en el escándalo. Luego de la publicación salieron a la luz nuevas pruebas que señalan al actual comandante del Ejército de aprobar pagos a informantes inexistentes en acciones contra grupos armados en 2005. Al parecer dos de esos pagos fueron hechos a un soldado que está condenado a 40 años de prisión por su participación en ejecuciones extrajudiciales.

Otras acusaciones graves recayeron sobre el coronel retirado Óscar Gómez, excomandante del batallón de infantería N° 43 en el departamento de Vichada. El 26 de Mayo, un juez lo condenó por su alianza con el exjefe paramilitar Pedro Guerrero Castillo, alias “Cuchillo” y por el asesinato de dos civiles a quienes hicieron pasar por guerrilleros.

Colombia sigue enfrentando la reacción internacional por el escándalo de los falsos positivos. Un grupo de congresistas de Estados Unidos escribió una carta al presidente Duque pidiéndole que no ascendiera a militares involucrados en acusaciones de ejecuciones extrajudiciales. Entre ellos está Patrick Leahy, congresista demócrata de más alto rango en el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encargada de autorizar fondos de ayuda para Colombia.

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Finalmente, el reciente asesinato de un excombatiente desmovilizado de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) por un soldado en el departamento de Santander es una confirmación de que el gobierno va retomando viejos hábitos.

El asesinato primero fue reportado como un accidente; sin embargo, se confirmó que los soldados involucrados trataron de encubrir la tortura y posterior asesinato. El general Diego Luis Villegas, quien está a cargo de la zona, también tiene investigaciones pendientes por ejecuciones extrajudiciales.

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