Honduras ha conformado una fuerza élite para vigilar a los exagentes de policía expulsados de los servicios de seguridad por presuntas actividades criminales. Este plan alternativo relacionado con la depuración policial arroja dudas sobre todo el asunto.
La nueva fuerza trabajará junto con la Comisión de Depuración Policial (CDP), creada en el año 2016 para identificar y expulsar a oficiales corruptos del servicio de policía de Honduras. Según un informe de La Prensa, el propósito de la unidad consistirá en monitorear a los funcionarios destituidos, con el fin de asegurarse de que no se involucren en el crimen organizado.
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Al anunciar la depuración policial, el presidente Juan Orlando Hernández elogió a la CDP por considerarla artífice del plan más ambicioso del país para sanear los organismos de seguridad, cuya situación es preocupante. Según La Prensa, en los tres años de operación, la comisión ha destituido a 5.775 policías.
Pero una serie de escándalos y fracasos han empañado la labor de la CDP. En julio de 2018, La Prensa informó que decenas de oficiales seguían activos en la policía a pesar de haber sido despedidos por diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas. En octubre de ese año, la Procuraduría General del país desenmascaró una red de tráfico de ganado en la que policías activos colaboraban con agentes que habían sido despedidos de la institución.
Análisis de InSight Crime
No está claro cuál será el verdadero papel del nuevo organismo. ¿Estará realmente dedicado a acompañar a los agentes destituidos y evitar que se involucren en la delincuencia? ¿O será utilizado para llevar a cabo cacerías de brujas e ir tras quienes participen en las protestas policiales?
Hacer seguimiento a las actividades de los policías despedidos es un paso positivo en la reforma policial de Honduras, dado el frecuente problema de los exagentes corruptos y desempleados que terminan dedicándose tiempo completo al crimen. Pero el momento en que se produce esta medida levanta sospechas, dado que Hernández se ha enfrentado recientemente con policías activos.
En junio de 2019, varios miembros de las fuerzas especiales de Honduras se declararon en huelga para exigir mejores condiciones laborales. Aunque algunos de ellos negaron que la huelga tuviera otras motivaciones políticas, otros afirmaron que reflejaba un rechazo a participar en las represiones por parte del gobierno. Después de esto, durante dos meses se presentaron protestas contra el gobierno, en las cuales la policía fue acusada de reprimir violentamente a los manifestantes.
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Los funcionarios respondieron afirmando que la huelga había sido organizada por agentes despedidos que tenían vínculos con la delincuencia, luego de que se conocieran unas grabaciones del policía expulsado Aldo Oliva, en las que este se comunicaba con algunos de los huelguistas por teléfono. Oliva es supuestamente el jefe de un grupo conocido como Organización de Policías Retirados (OPR), que según funcionarios de inteligencia hondureños es responsable de actos deliberados de desestabilización social y política.
Según El Libertador, estas acusaciones se utilizan para deslegitimar a los huelguistas, quienes estarían en riesgo de ser expulsados por complicidad criminal.
Por otro lado, esta nueva fuerza señala la continuidad de una extraña tendencia. Hernández ha creado tres escuadrones especializados de la policía recientemente, pues inauguró una unidad de protección del transporte público en el mes de marzo y una unidad de protección de las escuelas en julio. Según El Libertador, la policía de Honduras cuenta actualmente con 17 unidades diferentes.
Aunque el país ha logrado cierta reducción de los homicidios en los últimos años, vale la pena cuestionar si el gobierno de Hernández está creando nuevas fuerzas de policía como una reacción instintiva a los problemas sociales, en lugar de buscar soluciones más innovadoras.
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