Cuatro meses después de la masacre de 43 estudiantes en Guerrero, científicos forenses independientes informan que quizá los cuerpos no fueron quemados en un vertedero de basura en Cocula, lo cual debilita la versión del gobierno.
Los análisis forenses, llevados a cabo por científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), demostraron que en el sitio no había vegetación quemada, lo cual pone en entredicho la idea de que allí se presentó un incendio que supuestamente llegó a 1600° C.
Los científicos también señalaron que los autores de la masacre habrían tenido que arrastrar los cuerpos por un cañón hasta el basurero, y por tanto habrían dejado sangre, pedazos de piel y otras pruebas de ADN en el suelo.
Los análisis han demostrado que el incendio habría requerido 33 toneladas de leña o 995 neumáticos de caucho, lo cual no hubiera cabido en el vertedero de basura.
Análisis de InSight Crime
En una conferencia de prensa en noviembre, el gobierno dijo que la policía local, bajo las órdenes del alcalde de Iguala, detuvo los camiones que transportaban estudiantes de la vecina Cocula a una protesta en Iguala. Luego la policía presuntamente los entregó a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los llevaron al relleno sanitario, los asesinaron, quemaron sus cuerpos y tiraron las cenizas a un río cercano.
El exalcalde y su esposa, tres líderes de Guerreros Unidos y otras 92 personas han sido detenidas en relación con el caso, de modo que en total se han realizado 97 arrestos.
Aunque el gobierno ha intentado dar más claridad a su investigación sobre la masacre —en diciembre de 2014 se filmó una autopsia y los resultados se pusieron a disposición del público— ha surgido información que aporta razones para dudar de la versión oficial.
Una investigación adelantada por la revista Proceso en diciembre de 2014 demostró que la policía federal estuvo en Iguala en el momento de la masacre y participó disparando a los estudiantes.
Por su lado, la investigación de la UNAM sustenta la hipótesis de que los cuerpos fueron incinerados en un crematorio del ejército. El gobierno ha afirmado que ni la policía federal ni los militares estuvieron implicados en la masacre.
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