La fiscalía contra la impunidad en Guatemala ha presentado una nueva investigación sobre La Línea, una de las mayores redes de fraude del país, lo que arroja nueva evidencia sobre corrupción de alto nivel en el país incluso cinco años después de que comenzara dicho caso.
El 12 de agosto, las autoridades guatemaltecas arrestaron, entre otras personas, a seis funcionarios y exfuncionarios de aduanas vinculados a una gran red de fraude conocida como “La Línea”. Dicha red salió a la luz en 2015 gracias a una investigación que permitió desmantelar un multimillonario esquema de corrupción en el que estuvo involucrado el expresidente Otto Pérez Molina.
La nueva investigación, derivada del caso anterior, establece que los funcionarios de aduanas encargados de verificar las importaciones en uno de los principales puertos de Guatemala cobraban sobornos en efectivo para La Línea, los cuales eran pagados por empresas que ingresaban mercancías a Guatemala con el fin de reducir los impuestos sobre las importaciones, como lo señala un comunicado publicado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público.
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Entre mayo de 2014 y abril de 2015, la red criminal supuestamente obtuvo más de 5,1 millones de quetzales (US$666,000) en sobornos; dicha evasión fiscal significó para el Estado pérdidas de por lo menos 14,3 millones de quetzales (US$1,85 millones).
Según el comunicado de la FECI, el grupo contaba con una amplia red de colaboradores, incluidos los llamados “consolidadores”, quienes manipulaban los documentos de importación para que los impuestos no coincidieran con el valor real de los cargamentos que llegaban a Guatemala.
En una redada durante al caso, las autoridades guatemaltecas incautaron cerca de 78 kg de efedrina, un medicamento utilizado para tratar problemas respiratorios, por un valor estimado de 7,8 millones de quetzales (U$1 millón).
Análisis de InSight Crime
Esta investigación vuelve a poner de manifiesto la participación del Estado guatemalteco en la corrupción a gran escala. En este caso, tres de los funcionarios detenidos por presunto fraude seguían siendo empleados de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) más de cinco años después de su presunta participación en el esquema criminal.
Santo Tomás de Castilla, el puerto al norte del país en el que se centra la investigación, es uno de los puestos de control aduanero con más tráfico de Guatemala, y a las autoridades se les dificulta verificar las grandes cantidades de mercancía que pasan por ahí.
Las acusaciones de que la red de La Línea llegó a reclutar un equipo de funcionarios de la SAT para cobrar sobornos dentro del puerto evidencia lo vulnerables que son las autoridades fronterizas del país a la infiltración criminal.
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La investigación, vinculada al caso de fraude sin precedentes de La Línea, que condujo a la renuncia del presidente en 2015, se produce en un momento en que la labor contra la corrupción se ha visto deliberadamente debilitada desde el interior del Estado.
También es un indicio de los esfuerzos que realiza la FECI para ir tras las redes corruptas en los altos niveles, a pesar de los crecientes ataques jurídicos y las amenazas de muerte contra los fiscales guatemaltecos.
En abril de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y a dos de los fiscales de dicha entidad, pues se consideraba que sus vidas corrían peligro.
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