Una nueva investigación criminal involucra a Ramón Lobo Sosa, hermano del expresidente de Honduras Porfirio Lobo, en un esquema de corrupción que desvió fondos de la partida reservada de la presidencia a particulares. Este caso estrecha aún más el cerco al expresidente y su entorno, señalado también por posibles vínculos con el narcotráfico.
El martes 5 de noviembre, el Ministerio Público de Honduras (MPH) presentó ante la Corte Suprema una acusación que incluye a Ramón Lobo y a Walter Francisco Cerrato Durón, ex secretario de Estado en administración y gestión financiera presidencial, a quienes se les señala de crear “un entramado para desviar en beneficio propio dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de la seguridad de la casa presidencial”.
La investigación del MPH, realizada junto a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), indica que Lobo y Cerrato desviaron en forma ilegal unos US$350.000 (8,4 millones de lempiras).
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Cerrato Durón, quien tenía rango de ministro, fue el administrador de los fondos reservados al uso discrecional de Porfirio Lobo durante todo el periodo presidencial (2010-2014). El 21 de enero de 2011, Cerrato abrió dos cuentas corrientes desde las que administraría los gastos generados por la seguridad de la casa de gobierno, presupuestados en unos US$1,7 millones (unos 40 millones de lempiras).
De esas dos cuentas Cerrato Durón libró, entre 2010 y 2014, 84 cheques a nombre de dos personas particulares que hoy son testigos en la investigación, y a las que el MPH identificó como Omega 1 y Alpha 1. Ninguno de los dos receptores de los cheques tenía relación contractual con el Estado hondureño, por lo que, según las autoridades, la entrega del dinero es ilegal.
Ramón Lobo, hermano del presidente y señalado por un miembro de la banda de narcotraficantes Los Cachiros de colaborar con ellos, era el encargado de endosar los cheques de la casa presidencial para luego depositarlos en una cuenta personal.
Análisis de InSight Crime
Este nuevo caso, que el MPH y la MACCIH empuja un poco más al abismo de problemas legales al expresidente Lobo, un veterano político del gobernante Partido Nacional sobre cuya familia pesan múltiples señalamientos de connivencia con los grupos de crimen organizado más importantes de Honduras.
A Fabio Lobo, hijo del exmandatario, Los Cachiros también lo han acusado de ser su cómplice. Rosa Elena de Lobo, ex primera dama, es investigada por posible malversación de US$500.000.
La nueva investigación se convierte en una confirmación más de la profundidad de la infiltración de la corrupción y el crimen organizado entre las élites políticas hondureñas. Pero este caso también habla de la posibilidad de que el desfalco haya existido en el seno mismo de la casa presidencial de Honduras, algo que hasta ahora no estaba claro.
En el vecino El Salvador, el uso indebido de la partida secreta de la casa presidencial está a la base de sendos casos de corrupción iniciados por la fiscalía salvadoreña contra los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes. Entre ambos, según las acusaciones, desviaron ilegalmente poco más de 700 millones dólares, equivalente al déficit fiscal del país en 2017. Saca cumple condena de 10 años por corrupción y Funes, prófugo de la justicia.
En el caso hondureño el MPH y MACCIH investigan desde hace meses los vínculos de Los Cachiros y otros grupos de narcos con las élites políticas, así como casos de corrupción atribuidos a diputados de todos los colores políticos. Este es el primer caso que llega a las entrañas del centro del poder político.
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