El Presidente electo de Paraguay, Horacio Cartes, ha atacado a las instituciones estatales de su predecesor, acusándolas de corrupción y participación en el lucrativo negocio del contrabando –crímenes de los que él mismo ha sido acusado con frecuencia–.
Cartes, quien asume el cargo el 15 de agosto, dijo que el dinero sucio está haciendo su camino hacia las manos de los fiscales y otras personas con poder, pero afirmó: "No habrá maletines para la corona” (refiriéndose a que él, como presidente, no va a aceptar sobornos).
Reconociendo que su decisión "molestará a alguna gente (…)", Cartes dijo que la autoridad aduanera estaba permitiendo el "(…) contrabando insoportable (…)" y que "(…) tenemos que trabajar distinto (…)", informó ABC.
Según Cartes, la Marina se había convertido en "(…) una simple expectadora (sic)" en lugar de trabajar para combatir el crimen, informó Ultima Hora.
Por cada producto por un valor de un millón de dólares que entró al país, sólo US$10.000 fueron declarados, afirmó Cartes, siendo el aeropuerto Guaraní de Ciudad del Este, donde "los escáneres no funcionan", por donde atraviesa el contrabando.
En respuesta a las acusaciones de Cartes, Federico Franco, el Presidente saliente, admitió que era un “problema estructural” de corrupción dentro de la Policía de Aduanas, informó EFE.
Análisis de InSight Crime
Cartes ha resaltado uno de los principales problemas de seguridad que enfrenta Paraguay, donde el contrabando y la producción de marihuana son una parte sustancial de la economía del país. No obstante, sus acusaciones son un poco irónicas teniendo en cuenta que durante años ha enfrentado graves señalamientos de contrabando, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
Según los cables diplomáticos estadounidenses filtrados, Cartes, que encabeza un consorcio empresarial que administra uno de los mayores bancos de Paraguay y de los principales productores de cigarrillos, ha facilitado el lavado de dinero a gran escala. Otros informes lo han vinculado con el contrabando de oro, el comercio de cigarrillos falsificados en Argentina y Brasil, y de permitir que narcotraficantes utilicen su propiedad para mover cargamentos.
Debido a sus oscuros vínculos, es poco probable que sus acusaciones sean un auténtico llamado de mano dura contra el crimen, y más bien podrían estar dirigidas a marginar a los opositores políticos o incluso a presionar a sus rivales en el negocio del contrabando.
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