El Departamento de Estado de Estados Unidos ha destinado la mayor parte de su solicitud de mil millones de dólares de ayuda a Centroamérica para apoyar el desarrollo, un nuevo cambio frente al anterior enfoque militarista de Estados Unidos en materia de seguridad regional, que se ha caracterizado por paquetes de ayuda como el Plan Colombia.
El pasado 2 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su propuesta de presupuesto parlamentario para el año fiscal 2016, que incluye casi mil millones de dólares en ayuda externa dirigida a los países centroamericanos. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés), los mil millones de dólares solicitados para 2016 representan el triple de la cantidad de ayuda enviada a Centroamérica en el año 2014.
Según la WOLA, por lo menos el 80 por ciento de dicho paquete está destinado a mejorar las instituciones civiles, la sociedad civil y el desarrollo económico. El dinero solicitado para programas puramente militares y de apoyo a la policía se mantiene en los niveles de 2014, aproximadamente US$16,5 millones.
En una sesión informativa después del anuncio de la nueva propuesta, la subsecretaria de Estado de Administración y Recursos de Estados Unidos, Heather Higginbottom, señaló que los fondos regionales “se enfocarán en los factores sociales, gubernamentales y económicos que el año pasado provocaron en Centroamérica la crisis de migración de niños no acompañados”.
Análisis de InSight Crime
La propuesta del Departamento de Estado de enviar ayuda a Centroamérica por un monto de mil millones de dólares refleja un gran cambio en la política estadounidense en los últimos años, dirigida hacia el fomento de la capacidad institucional en lugar de fortalecer las fuerzas de seguridad, como su enfoque rector en el mejoramiento de la seguridad en Latinoamérica. La propuesta de 2016 se aleja bastante de los fuertes programas militares y de apoyo a la policía que solían incluir los paquetes de ayuda anteriores, como el Plan Colombia en la primera década de este siglo, y la primera fase de la Iniciativa Mérida en México en 2008. Según la WOLA, cada uno de estos programas representaba más del 75 por ciento de sus respectivos presupuestos. El actual programa estadounidense Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI por sus iniciales en inglés) combina estrategias duras (operaciones antinarcóticas) y blandas (programas comunitarios de prevención de la violencia) dirigidas a reducir las tasas de delincuencia y violencia.
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Esta propuesta también deja clara la creciente importancia que tiene Centroamérica dentro de las prioridades estadounidenses en materia de seguridad regional. La cantidad de fondos dirigidos a apoyar el desarrollo sugiere que Estados Unidos busca soluciones de largo plazo para la endémica situación de violencia de pandillas en la región del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), que usualmente se menciona como uno de los factores principales en la crisis de los niños migrantes no acompañados. Una buena sustentación de este punto (la reducción sostenible del flujo de niños no acompañados que provienen de Centroamérica y llegan a la frontera con Estados Unidos) probablemente sea la mejor estrategia para conseguir la aprobación del Congreso, en su mayor parte republicano.
El paquete de ayuda también indica que Estados Unidos y los países del Triángulo Norte quizá no tienen tantas diferencias ideológicas en cuanto al manejo de la crisis de niños migrantes como alguna vez se pensó. En noviembre de 2014, se tuvo la impresión de que la petición de los presidentes de los países del Triángulo Norte, en relación con una mayor ayuda de Estados Unidos para detener el éxodo de niños, había caído en terreno estéril.
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