El humorista de televisión convertido en político Jimmy Morales aprovechó su discurso de investidura para prometer un ataque frontal contra la corrupción, al presentar a los guatemaltecos las metas básicas de su presidencia.
Elegido en octubre de 2015 después de que protestas masivas contra la corrupción expulsaran del poder al expresidente Otto Pérez Molina y lo llevaran a prisión, Morales hizo del crimen financiero el blanco central de su discurso de inauguración el 14 de enero. En una ceremonia con presencia del vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden, Morales anunció que su gobierno “no tolerará ni la corrupción ni el robo”, y añadió: “ay del que quiera robar el dinero del pueblo porque seremos presurosos y severos”, informó el Wall Street Journal.
El nuevo presidente prometió acciones “drásticas” contra los funcionarios corruptos, pero no dijo cómo exactamente abordará esto y los muchos otros problemas del país, como los índices de pobreza, la marcada desigualdad social y una tasa de homicidios en baja pero aún alta de 36 por 100.000 habitantes. En lugar de eso, se extendió en la descripción de los problemas diarios de los guatemaltecos en un llamado al electorado popular que lo llevó al poder.
Análisis de InSight Crime
Morales enfrenta ahora el desafío de impulsar rápidamente reformas, a partir del impulso popular del año anterior. Novato en política, deberá construir alianzas difíciles con otros partidos para hacer aprobar nuevas medidas anticorrupción. Su Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) ocupa sólo el quinto lugar, con apenas 11 de los 158 escaños del Congreso.
Como informó Telesur, FCO-Nación también está en problemas por la presunta participación de muchos de sus fundadores veteranos y partidarios, incluyendo al asesor presidencial clave Édgar Justino Ovalle, en violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil del país. Se estima que unas 245.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante este conflicto, que se extendió de 1960 a 1996. Ovalle es una de las varias personas próximas al partido que han sido implicadas directamente en algunas de las peores masacres del conflicto.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que investigó al expresidente, presionará a la administración de Morales para que lleve a la justicia a los identificados como perpetradores de los crímenes mencionados. No hacerlo afectaría su popularidad y podría dar pie a protestas.
Y como lo informó InSight Crime, con FCO-Nación en problemas por su conexión con militares, existe un riesgo real de que algunas de las perniciosas redes criminales militares que dieron origen a la guerra civil quede impunes, y el estatus quo guatemalteco intacto. En tal caso, la paciencia del público hacia Morales, al igual que con su predecesor, no durará mucho. Es difícil ser optimistas pensando que las manifestaciones públicas del año pasado, que derrocaron al presidente anterior, se traduzcan en un progreso importante contra el crimen organizado y la corrupción.
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