En Buenos Aires, un intercambio de disparos entre pandillas en una urbanización de vivienda social pone en evidencia una falla en estas iniciativas en Argentina: sin políticas de seguridad complementarias, estos proyectos de vivienda ofrecen nuevos territorios a las bandas para ampliar sus actividades ilícitas y perpetuar la inseguridad.
El 4 de diciembre de 2020, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró 364 viviendas en la ciudad de Moreno, en las afueras de la capital argentina. La urbanización de viviendas de interés social fue construida como parte del Plan Federal de Viviendas de Argentina, un proyecto que se proponía aprovechar terrenos urbanos baldíos para construir vivienda social y promover la consolidación urbana en barrios poco poblados.
Menos de un mes después, el 11 de enero, se desató un enfrentamiento armado entre bandas que buscan controlar las plazas de drogas en la nueva construcción. Aunque no hubo heridos, el episodio estrenó a los nuevos vecinos en una tendencia demasiado familiar en Moreno: la inseguridad y la violencia.
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En Moreno, la violencia es cotidiana y atroz, pues los grupos criminales siembran miedo en los residentes mediante robos, atracos y homicidios, según los habitantes consultados por La Nación. Frente a esas amenazas, no puede confiarse en la policía local, pues la constante violencia los sacó de la zona, y en la población vecina de Quijote, se sabe que la policía colabora con los narcomenudistas.
La precariedad económica en Moreno ha llevado a una proliferación de la actividad criminal. El expendio de drogas y el consumo son prevalentes en la zona, así como los robos violentos y el reclutamiento de jóvenes locales para estas actividades. En octubre de 2020, una serie de operativos dirigidos por la fuerza de operaciones especiales de Buenos Aires, el Grupo Halcón, logró desarticular un grupo criminal local dedicado al narcomenudeo en Moreno. Sin embargo, como lo muestra la violencia en el barrio recién inaugurado, las pandillas locales siguen dominando la ciudad.
Esas dinámicas se remontan al menos a 2017, cuando varios líderes sociales y religiosos denunciaron un incremento de los ataques violentos contra miembros de la comunidad, en el intento de las pandillas locales por ampliar su zona de influencia. Ese mismo año, Moreno registró el cuarto mayor número de muertes violentas de Argentina.
Análisis de InSight Crime
En toda Latinoamérica, los proyectos de vivienda social han sufrido de una prolongada ausencia de políticas de seguridad complementarias, una omisión que, en efecto, socava la ambiciosa misión social de proporcionar vivienda segura a ciudadanos en condiciones de precariedad.
En 2009, durante el mandato del presidente Lula da Silva, Brasil lanzó un ambicioso proyecto de vivienda social, Mi Casa, Mi Vida (Minha Casa, Minha Vida), mediante el que se pretendía construir viviendas públicas seguras y económicas en todo el país. Sin embargo, en 2015 una investigación reveló que los residentes de los 64 complejos —18.834 familias—eran blanco de la actividad criminal, pues los delincuentes usaban los apartamentos para el expendio de drogas, desalojaban a las familias a su antojo y sometían a los residentes a golpizas o cosas peores.
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De dinámicas similares fue blanco el proyecto de vivienda social en Venezuela Gran Misión Vivienda Venezuela, implementado por Hugo Chávez en 2011. Aunque los complejos habitacionales brindaron hogares a familias que vivían en condiciones precarias, los residentes pronto se vieron superados por la actividad criminal local; los robos y asaltos eran una amenaza constante, al punto de que un residente del distrito Teatro de Caracas recalcó que “lo principal es la seguridad […] pero la seguridad no se compra y depende de que el gobierno se encargue de eso”, según un artículo de Crónica Uno.
El Plan Federal de Vivienda de Argentina es un nuevo ejemplo de los complejos retos que enfrentan los proyectos de vivienda social en toda la región. Aunque las estrategias de seguridad pueden no lograr contrarrestar por completo la actividad criminal en zonas urbanas plagadas de violencia, la falta de planificación de seguridad sólida brindará a los grupos criminales nuevos territorios para ampliar sus operaciones ilícitas y reforzar los patrones de inseguridad en poblaciones pobres.
A pesar del episodio ocurrido en Moreno, el Plan Federal de Vivienda de Argentina tiene previsto inicialmente la construcción de su nuevo proyecto en 2021 —una urbanización de 600 viviendas en Trujui, ciudad que limita con Moreno y tiene una historia conflictiva similar.
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