Datos recientes sobre la población carcelaria de Honduras parecen indicar que la detención preventiva obligatoria ha multiplicado el hacinamiento en los últimos años, lo que justifica aún más la reciente decisión del Congreso de darles a los jueces más libertad de acción a la hora de tomar decisiones sobre el encarcelamiento durante el proceso penal.
Cifras publicadas el 9 de agosto por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) muestran que la población penitenciaria de Honduras ha aumentado un 30 por ciento desde 2013, pasando de 12.032 a 17.017 presos, informó La Tribuna.
Este significativo aumento se produjo casi tres años después de la implementación de la prisión preventiva obligatoria para 21 delitos. Dicha norma fue incluida en una reforma que en 2013 se le hizo al artículo 184 del Código Procesal Penal.
La prisión preventiva obligatoria —que les prohíbe a los jueces elegir condenas alternas a las penas de prisión—había estado vigente para crímenes como el narcotráfico, la extorsión y las agresiones sexuales, por los cuales están detenidos la mayoría de los presos actualmente, de acuerdo con La Tribuna. Según esta ley, las personas en espera de juicio por estos crímenes quedaban en prisión preventiva sin posibilidad de libertad bajo fianza. Como resultado, actualmente están detenidos más de 8.000 presos que aún no están condenados.
Otros de los delitos contemplados por la reforma del artículo 184 son los distintos tipos de homicidio, crímenes de guerra, contrabando y lavado de activos.
Análisis de InSight Crime
Estas nuevas cifras surgen menos de un mes después de que la votación del Congreso Nacional ratificara una nueva reforma al artículo 184 que les da a los jueces más libertad de acción durante los procesos judiciales y permite medidas sustitutivas para los acusados por alguno de los 21 crímenes especificados.
Se espera que la decisión le ayude a Honduras a reducir el hacinamiento y hacer frente a delitos relacionados y a temas de derechos humanos al interior de las prisiones. Ello también podría liberar una cantidad considerable de dinero que se gasta actualmente en la detención de personas en espera de juicio, y que le vendría muy bien al poder judicial, que se encuentra en extrema necesidad de financiación y reformas.
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El restablecimiento de las penas alternativas es la más reciente decisión adoptada por Honduras en su intento por hacer frente al problema del hacinamiento, luego de otras medidas como la construcción de grandes prisiones y el empleo de personal militar para vigilarlas.
Sin embargo, la medida no se distancia de la política anterior, enfocada sobre todo en el poder judicial, en lugar de adoptar un enfoque holístico que involucre amplias medidas judiciales, sociales y de seguridad, encaminadas a atacar las raíces del crimen en el país. Sin ese enfoque integral, es poco probable que las medidas adoptadas tengan un impacto significativo a largo plazo en la estabilización de la población carcelaria del país.
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