Cientos de agentes armados se han desplegado en Venezuela como parte de una ofensiva de seguridad en desarrollo contra las pandillas del crimen organizado, pero el aumento en el número de muertos que deja la operación genera preocupación por el costo humano de la posición en materia de seguridad cada vez más militarizada en el país.
Altos funcionarios venezolanos afirman haber desmantelado tres redes criminales después del despliegue de más de 400 soldados y policías en cuatro municipios del estado de Miranda a comienzos de la segunda semana de abril. Entre ellos se encontraba el sospechoso del homicidio del general retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Jorge Enrique González Arreaza y de su esposa, a quienes se halló muertos a comienzos de abril, según informes de El Nacional.
La operación dejó 13 personas muertas, 4 sospechosos detenidos por narcotráfico y 12 armas de fuego y 221 paquetes de marihuana incautados. La misión incluyó también el allanamiento a más de 200 viviendas.
800 efectivos más se desplegaron en otros 8 municipios el 14 de abril, con la orden similar de desmantelar las bandas criminales responsables de secuestros, extorsiones y homicidios.
Ambos despliegues de fuerza se presentan como parte de la ofensiva de seguridad en desarrollo denominada " Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), según las autoridades, que se lanzó en julio de 2015 para enfrentar lo que el gobierno considera una amenaza creciente de “pandillas criminales y prácticas paramilitares que están infiltrando el país.
Más de 130 operaciones de la OLP se ejecutaron en 2015, que dejaron un saldo de 245 muertos.
Análisis de InSight Crime
La OLP ha levantado controversia desde su origen. El gobierno ha alegado que es el "instrumento perfecto para la paz" y pone el desmantelamiento de pandillas como las que operan en Miranda como evidencia de su efectividad. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han criticado la iniciativa por su postura militarizada y lo que dice que es una orden demasiado amplia indefinida. En abril de 2016, el grupo internacional por la defensa de los derechos humanos Human Rights Watch emitió un informe que vinculaba la OLP con presuntas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y lanzamientos forzados.
Venezuela enfrenta actualmente graves amenazas de las organizaciones criminales que se están organizando cada vez más, y expanden la violencia y la inseguridad por todo el país. Sin embargo, a diez meses de vigencia de la OLP, no se ha respondido la pregunta de si los costos sociales y humanos de la estrategia militarizada contra el crimen se están dejando de lado por cualquier ganancia de seguridad importante.
Venezuela no es la única en adoptar una política de seguridad interna de mano dura. La creciente militarización de las estrategias contra el crimen es tendencia en toda Latinoamérica, pese a la preocupación que dichas estrategias generan para los derechos humanos.
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