Las autoridades colombianas han detenido a un obispo evangélico afiliado a una organización no gubernamental (ONG) local por presuntamente lavar dinero en nombre del grupo criminal Los Gaitanistas.
El 11 de mayo, las autoridades capturaron a Jorge Armando Mercedes Cedeño, un pastor de República Dominicana radicado en la región de Urabá, al noreste de Colombia. Otro líder religioso, el obispo Orlando Arce Ortiz, fue detenido en la ciudad de Cali, informó Semana. Cedeño y Ortiz presuntamente lavaron más de US$400.000 de ganancias del narcotráfico enviando dineros como si fueran donaciones para iglesias en Centroamérica y República Dominicana.
Fiscales de República Dominicana han abierto una investigación sobre los posibles vínculos entre Los Gaitanistas, también conocidos como Clan del Golfo, Urabeños y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y una iglesia evangélica que tal vez fue la que recibió los fondos ilícitos, informó Associated Press.
Según El Tiempo, las autoridades también poseen grabaciones de una conversación entre el obispo Arce y otro pastor, en las que discuten el uso de su posición dentro de una ONG local, conocida como Organización Paz Colombia (OPC), para liberar a tres personas de la cárcel. Según informes, uno de estos presos era la esposa del jefe máximo de las AGC, Darío Antonio Úsuga, alias "Otoniel".
Un funcionario de la Fiscalía, que mantuvo su nombre en secreto, dijo a El Tiempo que los dos pastores estaban tratando de hacer pasar la esposa de Otoniel como un miembro de la OPC. Como parte del plan, según consta en los informes, ella fingiría que estaba llevando a cabo una labor humanitaria destinada a apoyar la desmovilización de las AGC.
Análisis de InSight Crime
En Colombia no es raro que las autoridades acusen a organizaciones no gubernamentales de colaborar con los actores armados. Sin embargo, esto implica normalmente acusar a las ONG de apoyar a los grupos guerrilleros de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por el contrario, las AGC pertenecen a la nueva generación de grupos criminales colombianos, conocidos como Bacrim (acrónimo de bandas criminales), y son los sucesores de los paramilitares de derecha desmovilizados. Las Bacrim no son consideradas parte del conflicto armado del país, ya que las autoridades dicen que carecen de motivaciones políticas.
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Las AGC han tratado de argumentar lo contrario, haciéndose llamar el "tercer actor" del conflicto armado de Colombia, e incluso han pedido que sean incluidos en las conversaciones de paz de Colombia. En cualquier caso, si las AGC realmente han penetrado las instituciones religiosas en Urabá, esto es un incómodo indicio de lo arraigada que está esta organización criminal en el tejido social de la región.
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