Colombia está preparando una serie de nuevas reformas legales para hacer frente a la minería ilegal de oro, después de registrar un aumento de más de 6.600 por ciento en las incautaciones de oro ilegal el año pasado. Sin embargo, con la caída de los precios del oro y la probable disminución de depósitos aluviales, ¿están estos esfuerzos tardíos dirigidos a un negocio ya en declive?
Según el Ministerio de Defensa de Colombia, las autoridades confiscaron 739 kilos de oro ilegal en 2014 y solo 11 kilos en 2013, informó El Tiempo. Hace solo cuatro años, en 2010, las autoridades no incautaron oro.
Una fuente oficial no identificada, citada por El Tiempo, señaló que se estima que las redes criminales vendieron en total ocho toneladas de oro el año pasado, lo que significa que las incautaciones representaron apenas un poco más del nueve por ciento de sus operaciones.
El Ministerio también informó que el ejército colombiano confiscó 542 equipos de minería, como buldóceres, excavadoras y retroexcavadoras, 108 de los cuales fueron destruidos. Además, 1.757 personas fueron detenidas por actividades relacionadas con la minería ilegal, y se desmantelaron 655 minas.
El Ministerio de Defensa anunció también que este año habrá reformas legales destinadas a fortalecer la lucha contra este negocio. El viceministro Jorge Enrique Bedoya reveló a la agencia de noticias Colprensa que las nuevas medidas atacarán todos los eslabones de la cadena de la minería ilegal, incluyendo las minas mismas, así como el transporte y la venta de oro y el suministro de equipos de minería.
Análisis de InSight Crime
En la última década se ha presentado un impresionante auge de la minería ilegal de oro, hasta el punto que en algunas regiones ha eclipsado el comercio de cocaína como la principal fuente de ingresos de las organizaciones criminales.
Grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y redes criminales como los Urabeños se han beneficiado de este auge, desarrollando sus propias operaciones mineras y extorsionando a los mineros para permitirles trabajar en su territorio.
Durante años, el gobierno colombiano ha estado rezagado frente a las actividades mineras ilegales, dado que carece de los recursos, el conocimiento y el marco legal para hacer frente al problema.
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Esta situación parece estar cambiando finalmente. Las nuevas reformas legales son coherentes con las medidas anteriores, que incluyeron el establecimiento de unidades especiales de la policía y la aprobación de un decreto que permitió a las fuerzas de seguridad destruir equipos utilizados para la minería ilegal.
Sin embargo, también es posible que las autoridades estén centrando sus esfuerzos en una industria criminal ya en su declive natural. El auge del oro ilegal estuvo alimentado por los altos precios del oro a nivel mundial, pero recientemente estos han estado disminuyendo de manera rápida, por lo que las ganancias que ofrece el negocio se han venido reduciendo drásticamente.
Además, la mayor parte de las actividades de minería ilegal carecen de la tecnología necesaria para explotar las vetas de oro profundas y se limitan a los depósitos aluviales y al oro encontrado relativamente cerca de la superficie. Dado el ritmo acelerado con el que los mineros ilegales han estado recogiendo estos depósitos fácilmente accesibles, es probable que pronto empiecen a escasear. Por eso el comercio de la minería ilegal de oro puede estar entrando en un período de menos rendimientos y de deterioro general, independientemente de las acciones del gobierno.
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