Agentes de policía y del ejército fueron algunos de los detenidos en la mayor operación realizada en El Salvador contra grupos de exterminio de pandilleros, cuando las autoridades finalmente actúan contra las mortíferas milicias que han proliferado en sus narices.
El 21 de junio, la policía salvadoreña arrestó a cuatro agentes de policía, entre ellos un oficial de alto rango, diez miembros del ejército y 34 civiles acusados de conformar una red de escuadrones de la muerte en varias zonas al este del país, informó EFE. Otros cinco oficiales del ejército siguen fugitivos.
Will Ruiz, jefe de la unidad de crimen organizado de la Fiscalía, anunció en conferencia de prensa que el grupo está acusado de 36 homicidios y dos tentativas, un caso de privación de la libertad y 13 robos a mano armada.
Ruiz declaró a los medios que la red consistía de dos facciones que se habían aliado entre sí, una dedicada a matanzas de "limpieza social" y la otra al robo de bancos.
Según el fiscal, la misión del grupo de exterminio era "tomar la justicia con sus propias manos ante la incompetencia de las autoridades para solventar el problema de las pandillas que afecta a la población".
Sin embargo, aunque la mayoría de las víctimas eran miembros de la MS13, comentó Ruiz, entre ellos había también nueve personas a quienes los investigadores no pudieron hallar nexo alguno con las pandillas. Además, hay evidencia en dos casos de que el grupo cometió asesinatos por encargo, pues recibió un pago por perpetrar los homicidios.
La red se dividía en varias células que se coordinaban para ayudarse en sus operaciones, explicó Ruiz. Esto incluía usar contactos en la policía, quienes entregaban información de inteligencia y alertas a sus compañeros en los grupos de exterminio, y entorpecían las operaciones de sus colegas de la fuerza.
El fiscal expuso también la presunta financiación de los escuadrones por personas residentes en Estados Unidos. Identificó a uno de esos presuntos financiadores con el alias de "Willy", de quien dijo que es requerido por cargos de trata de personas y que se cree que huyó a Estados Unidos.
Análisis de InSight Crime
La operación en El Salvador representa el golpe más serio hasta el momento contra un fenómeno que hasta hace poco provocaba poca respuesta del gobierno, aun cuando la lista de sus víctimas seguía creciendo.
Los rumores de que había grupos de exterminio atacando a las pandillas se convirtieron en evidencia concreta de matanzas indiscriminadas de "limpieza social" desde 2014. Pero en medio del ambiente de temor y violencia cuando las pandillas declararon la guerra a las fuerzas de seguridad, sus actividades pasaron en gran parte desapercibidas.
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Las primeras señales de que esto podía cambiar se dieron con la captura de seis agentes de policía junto con varios civiles en mayo de 2016. Y en julio de 2016 se acusó a un grupo de policías de participar en ejecuciones extrajudiciales. Esta nueva ola de arrestos ahora representa un paso firme adelante en la lucha contra los grupos de exterminio y una buena señal de que las autoridades finalmente están tomando en serio el problema.
Las presuntas actividades del grupo envían un mensaje claro sobre los peligros de dejar que se imponga ese vigilantismo. No solo esos grupos afectan el estado de derecho, sino que también dejan víctimas inocentes y pueden caer en la criminalidad, ya sea en la forma de aceptación de pagos por sus asesinatos y robo de bancos, como en este caso, o por la extorsión a las comunidades que pretenden proteger.
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