El secretario de gobernación de México Miguel Ángel Osorio Chong declaró recientemente que las ganancias de seguridad a largo plazo en el país dependerán del mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, lo que puede señalar un distanciamiento de la estrategia de mano dura contra la criminalidad adoptada por el gobierno en los últimos años.
Según un comunicado de prensa del gobierno, Osorio Chong dijo que México se aparta del combate frontal contra los grupos criminales y se encamina a la implementación de políticas orientadas a crear un “tejido social fuerte” y generar “oportunidades efectivas para el desarrollo individual y colectivo".
Osorio Chong hizo estos comentarios en el Segundo Diálogo de Seguridad Pública y Procuración de Justicia México-Unión Europea.
El secretario de gobernación también recalcó la importancia de mejorar la salvaguarda de los derechos humanos, con la reforma a los sistemas penitenciario y judicial, y fortaleciendo los organismos locales de seguridad.
Las declaraciones de Osorio Chong se dan en un momento en que México experimenta un recrudecimiento de la violencia criminal.
Un informe reciente de la organización mexicana Semáforo Delictivo documentó un incremento de 15 por ciento en los homicidios asociados al crimen organizado en los primeros cuatro meses del año. Los secuestros y la extorsión, por otro lado, tuvieron una leve baja en el mismo periodo.
Análisis de InSight Crime
Las afirmaciones de Osorio Chong parecen indicar que el gobierno admite que resolver los complejos problemas de seguridad de México obligan a adoptar una estrategia holística. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, sin embargo, en especial por el hondo arraigo de la actual estrategia de seguridad en el país.
Como lo destaca una nota reciente del New York Times, el ejército mexicano ha desempeñado un rol clave en la lucha contra los carteles de la droga en el país por casi una década. Pero la participación de las fuerzas armadas en las iniciativas contra el crimen ha sido menoscabada por denuncias bien documentadas de graves abusos contra los derechos humanos, entre las que se cuentan tortura y ejecuciones extrajudiciales, ante lo cual la capacidad de rendición de cuentas ha demostrado ser muchas veces esquiva. Recientemente, el secretario de defensa nacional de México calificó de “error” el despliegue de tropas para enfrentar a los narcotraficantes.
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Y sin embargo, México ha tenido dificultades para reducir el rol del ejército en la seguridad interna. Pese a las promesas de mayor interés en las llamadas estrategias “suaves”, como la reducción de la violencia y la prevención del crimen, el presidente Enrique Peña Nieto ha seguido dependiendo de las tropas federales, en especial en áreas con presencia fuerte del crimen organizado.
Los motivos de la continua militarización de la seguridad interna en México son múltiples, pero la lista la encabezan la debilidad y la corrupción de los cuerpos de policía. Según un informe divulgado en 2014 por el Wilson Center, apoyado en estadísticas del gobierno mexicano de 2012 (pdf), la mayoría de los mexicanos tienen poca o ninguna confianza en la policía local, estatal y federal. Por esta razón, se insta a los políticos a elegir soluciones inmediatistas, como incrementos de tropas en lugar de estrategias de seguridad más sostenibles.
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