Un oficial militar de El Salvador fue condenado a siete años de prisión por tráfico de armas. Una señal de que el país podría estar tomando medidas más estrictas contra el extendido involucramiento de oficiales militares en la venta de armas a pandillas callejeras y a civiles.
El 28 de noviembre, el teniente y exasesor jurídico de la Dirección Logística de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), José Arístides Figueroa, fue sentenciado en una corte federal de San Salvador acusado por un caso de tráfico de armamento militar, informó La Prensa Gráfica. Otras dos acusaciones de tráfico de armas contra Figueroa fueron descartadas debido a que las evidencias fueron insuficientes.
Figueroa usó su cargo como asesor jurídico de la Dirección Logística de la FAES para vender más de 50 armas de fuego, entre ellas dos fusiles AK-47 y cuatro AR-15, informó La Página.
Figueroa fue arrestado en diciembre de 2012 junto con el Coronel Salvador Alberto Gonzales Quezada bajo cargos de tráfico de armas, informó El Mundo. Los dos oficiales militares inicialmente fueron a juicio juntos, sin embargo, sus casos fueron separados en julio cuando la Fiscalía General de la República suspendió el juicio de Quezada, según La Prensa Gráfica.
Según El Faro, una investigación en curso de la Fiscalía General de la República de El Salvador sobre el tráfico de armas por miembros del ejército se ha basado en gran medida a testimonios de Quezada (foto abajo).
Análisis de InSight Crime
A pesar del alto nivel de impunidad del que típicamente gozan los miembros del ejército salvadoreño presuntamente involucrados en el tráfico de armas, la condena de Figueroa posiblemente puede abrir una puerta para que varios otros oficiales militares sean sentenciador por desviar provisiones de armamentos de grado militar a la población general.
Adicionalmente, el momento de la condena de Figueroa –tan sólo dos meses después de que el juicio de Quezada fuera suspendido- sugiere que Quezada podría haber provisto a las autoridades de información que permitió que los fiscales construyeran un caso exitoso contra el teniente. Esto quiere decir que es posible que Quezada de a las autoridades la información necesaria para procesar otros oficiales del ejército bajo investigaciones por tráfico de armas.
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La condena de Figueroa puede sentar un importante precedente. Durante años, el ejército de El Salvador ha vendido armas a grupos criminales, incluyendo presuntas ventas a las pandillas callejeras más poderosas del país, Barrio 18 y MS13, y a carteles de droga de México.
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