Algunas ONGs han hecho un llamado a la Corte Penal Internacional para que investigue los presuntos crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos por las fuerzas de seguridad de México, subrayando la percepción de impunidad y brutalidad con la que estos oficiales han actuado durante la guerra contra el crimen organizado de México.
La Federación Internacional de derechos humanos (FIDH por sus siglas en inglés) y dos ONGs mexicanas de derechos humanos presentaron un informe el 12 de septiembre a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya sobre unos 30 casos y 95 víctimas de presuntas atrocidades perpetradas por el ejército mexicano y por varias fuerzas de seguridad estatales. Los actos en cuestión incluyen tortura, privación de la libertad, y desaparición forzosa.
Según el informe, los miembros de esas fuerzas –incluyendo oficiales de alto nivel- en gran parte se enfocaron en los ciudadanos de case baja y media baja, señalándolos falsamente de participar en los grupos del crimen organizado.
El informe argumenta que estos casos pueden caer bajo la jurisdicción de la CPI porque pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad, dado su carácter sistemático y generalizado.
Todos los casos provienen del pequeño estado peninsular de Baja California, y tuvieron lugar entre 2006 y 2013. Las organizaciones de derechos humanos detrás del informe indicaron que tomaron los casos de este estado por ser uno de los primeros lugares de México en ver operaciones antidrogas llevadas a cabo por fuerzas federales y policía mexicanas, durante la administración del expresidente Felipe Calderón.
Análisis de InSight Crime
La elección de presentar estos casos a la CPI señala la dificultad para perseguir y procesar a los oficiales militares por estas atrocidades en México. Esto se debe en parte al hecho de que en México, los casos que involucran a las fuerzas armadas a menudo son referidos a cortes militares incluso cuando, por estándares internacionales, deberían caer bajo jurisdicción civil –como en el caso de abusos de lesa humanidad.
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No es la primera vez que acciones como esta son tomadas. En 2011, algunos activistas mexicanos pidieron a la CPI investigar las numerosas muertes, torturas y violaciones que ocurrieron a manos de las fuerzas de seguridad y los carteles de drogas durante la guerra contra las drogas de Calderón. Algunos casos específicos también han sido referidos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Como resaltó recientemente un informe de Amnistía Internacional que identificó un incremento del 600 por ciento en los abusos y torturas por parte de los oficiales de seguridad de México entre 2003 y 2013 –período que coincide con la guerra contra las drogas de Calderón-, los casos presentados a la CPI no son nada aislados. Además de torturar a las víctimas para forzarlos a “confesar” su involucramiento en el crimen organizado, también ha habido indicaciones de asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad en las que tildan a las víctimas de “agresores” asesinados en “confrontaciones”.
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