La ONU criticó a Guatemala por militarizar cada vez más la lucha contra la inseguridad, un señalamiento que se le podría hacer a los otros países de la región del Triángulo Norte de Centroamérica.
Según el informe anual sobre Guatemala, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicado en enero de 2015 (pdf), el ejército ha asumido un papel cada vez más importante en la seguridad ciudadana del país, pero esto “no se ha traducido en mejoras visibles".
Según EFE, durante la presentación del informe el 25 de marzo, la alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, dijo que "la persistente inseguridad del país es preocupante", y añadió: "Es lamentable que la respuesta del gobierno a esta situación se haya centrado hasta ahora en la militarización de la seguridad pública".
El informe señala que los intentos de homicidio aumentaron en dos zonas de Ciudad de Guatemala en 38 y 5 por ciento respectivamente, a pesar del despliegue conjunto de fuerzas militares y policiales en esas zonas en 2012. Antes de dichos despliegues, los intentos de homicidio en estas zonas estaban disminuyendo.
El informe también muestra que la participación de escuadrones del ejército en la seguridad pública ha aumentado; de hecho, en los últimos dos años dichos escuadrones han llegado a tener presencia en 12 de los 22 departamentos de Guatemala, mientras que anteriormente se encontraban solamente en dos.
Análisis de InSight Crime
El presidente Otto Pérez aumentó el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen poco después de asumir el cargo en 2012. Dos años más tarde, la tasa nacional de homicidios aumentó por primera vez desde 2009, lo cual acrecentó los temores de que este despliegue militar pudiera contribuir al incremento de la violencia. Si bien los homicidios descendieron nueve puntos en 2014, el informe de la ONU sugiere que es poco probable que esto se deba al papel desempeñado por los militares.
Guatemala también ha ampliado el papel del ejército en la lucha contra el crimen organizado, mediante la instalación de tres bases militares en las principales zonas fronterizas con actividad de narcotráfico. El gobierno también reemplazó a la policía por una brigada militar especial en el departamento de San Marcos, la región con mayores cultivos de amapola en el país.
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Honduras y El Salvador, los otros países del Triángulo Norte, también han utilizado un enfoque militar agresivo en la lucha contra el crimen organizado. Desde que asumió el cargo en enero de 2014, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha aumentado el número de tropas de la policía militar del país e incluso intentó consagrar a la fuerza militar en la Constitución, a pesar de las preocupaciones de que estas medidas pudieran conducir a mayores violaciones de los derechos humanos. En El Salvador, tras la ruptura de la tregua entre pandillas iniciada en el 2012, las fuerzas de seguridad del país han respondido a la creciente violencia con tácticas cada vez más agresivas.
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