Han surgido detalles acerca de cómo una banda de secuestradores, conformada en su mayoría por policías, operaba en la ciudad turística mexicana de Acapulco, lo que ilustra el papel central que a menudo juegan las fuerzas de seguridad en el actual crecimiento en los secuestros de México.
Según la Procuraduría General de México, el grupo de 18 secuestradores incluía 13 agentes de la policía federal, quienes escogieron a las víctimas y las recogieron en sus patrullas, informó El Universal. Las víctimas, que normalmente eran empresarios locales como propietarios de moteles, burdeles y casinos, fueron llevadas a una casa de seguridad donde permanecieron durante uno o dos meses, mientras era negociado su rescate.
El grupo exigía hasta US$230.000 para liberar a los rehenes, pero terminaban obteniendo alrededor de US$40.000, según El Universal. Aún asi, no fue suficiente para garantizar la libertad de todas sus víctimas -siete de 14 personas secuestradas durante los cinco meses que operó el grupo fueron asesinadas-. Tres fosas clandestinas fueron encontradas cerca de la casa de seguridad, con los restos de tres personas que habían sido reportadas como secuestradas.
Tres de las víctimas sobrevivientes han identificado a los policías implicados, con una de ellas declarando que habían sido "levantadas y transportadas en una patrulla oficial".
Según los investigadores, la policía propuso la alianza criminal a un civil llamado Jonathan Piedra Soberanis en abril pasado, ofreciéndole total impunidad y una buena paga. La mayoría de los policías presuntamente implicados eran de bajo rango, con un funcionario de rango medio entre los detenidos.
Análisis de InSight Crime
Los secuestros han aumentado significativamente en México en los últimos años, a medida que las organizaciones criminales tradicionales se han fragmentado. Más facciones luchando por las mismas ganancias significa que los grupos han tenido que ser ingeniosos y diversificar sus actividades si quieren mantenerse fuertes y mantener los flujos de ingresos.
En México, como en otras partes de Latinoamérica, no son sólo las organizaciones criminales las que se dedican a esta actividad, las fuerzas de seguridad también son grandes actores. La policía se encuentra en una posición ideal para llevar a cabo secuestros, dado su conocimiento del crimen, el acceso a la información sobre las potenciales víctimas y el poder para evitar las investigaciones que se están llevando a cabo. Si no secuestran directamente, también pueden ayudar a facilitar el delito para sus socios criminales.
En un informe publicado a principios de este año, la ONG Human Rights Watch con sede en Estados Unidos documentó la evidencia generalizada de las fuerzas de seguridad mexicanas, colaborando con grupos criminales organizados para desaparecer forzosamente a personas y extorsionar por dinero. Un sondeo de 232 secuestradores encarcelados llevado a cabo en 2011 por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México encontró que el 20 por ciento habían sido, o eran, parte de las fuerzas de seguridad.
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