La cumbre del G8 ha concluido con una declaración que promete un esfuerzo internacional coordinado para acabar con el lavado de dinero, aunque antecedentes históricos sugieren que se necesita más que promesas para hacer frente a una de las facetas más traicioneras del crimen organizado.
Los líderes de los ocho países acordaron una serie de compromisos dirigidos a atacar acuerdos financieros turbios que faciliten el lavado de dinero y la evasión fiscal.
Entre ellos hubo planes para exigir una mayor transparencia sobre la propiedad y las estructuras financieras de las empresas, en particular, empresas fantasmas utilizadas para canalizar fondos que pueden tener origen ilícito.
Los países se comprometieron a seguir regulaciones que sean "aplicadas con firmeza" y respaldadas por "sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias".
Cada uno de los países ahora publicará los planes de acción nacional, proporcionando detalles concretos de las medidas que tomarán para cumplir con los compromisos establecidos en la declaración.
Análisis de InSight Crime
El lavado de dinero es un delito verdaderamente internacional, que es facilitado por la globalización y la liberalización del comercio así que, aunque ninguno de los países del G8 es latinoamericano, cualquier medida que adopten para reprimir el lavado sin duda afectará a los grupos criminales en la región.
Los mismos planes son medidas bienvenidas para aumentar los estándares de rendición de cuentas y evitar los tecnicismos que, durante mucho tiempo, los países han estado más que dispuestos a ignorar. No obstante, el optimismo debe ser moderado por el realismo.
El enjuiciamiento de personas por lavado de dinero sigue siendo extremadamente raro, incluso en Estados Unidos, que tiene la mayor cantidad de recursos y conocimientos a su disposición. La complejidad para desenredar las redes financieras ilegales significa que a menudo es mucho más fácil atacar a los grupos del crimen organizado desde otros ángulos; y es poco probable que esto cambie, incluso si se aplican las nuevas propuestas.
El enjuiciamiento de las instituciones financieras es aún más raro y ha demostrado ser un área donde los gobiernos han puesto constantemente las preocupaciones económicas sobre las de seguridad. El reciente caso de HSBC, en el que el banco sólo tuvo que pagar una multa de US$1,9 mil millones por ignorar US$60.000 trillones de transacciones financieras sospechosas, es un ejemplo perfecto de cómo la retórica del Estado sobre la lucha contra los delitos financieros rara vez es respaldada por la acción.
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