La ministra de relaciones exteriores de Panamá ha elevado una petición formal a Estados Unidos para la extradición del expresidente Ricardo Martinelli, una medida que plantea dudas sobre la capacidad del país centroamericano para procesar al exmandatario por diversos cargos.
El 27 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá envió una solicitud al Departamento de Estado de Estados Unidos pidiendo la extradición de Martinelli. La Corte Suprema había pedido al ministerio que aprobara la solicitud de extradición en mayo.
Martinelli enfrenta varios cargos por corrupción en Panamá, entre ellos acusaciones por haber ordenado interceptaciones telefónicas ilegales a más de 150 personas, entre los que se cuentan opositores políticos, durante su periodo presidencial de 2009 a 2014.
El expresidente huyó a Estados Unidos en enero de 2015, después de que la Corte Suprema comenzara a investigarlo por corrupción. La corte anunció las denuncias relacionadas con su presunta participación en el espionaje ilegal en junio de 2015.
La Embajada de Estados Unidos en Panamá no respondió a una petición de comentario de Associated Press sobre la solicitud de extradición.
Análisis de InSight Crime
Martinelli no es el único expresidente latinoamericano acusado de delitos derivados de su paso por el poder. Se han levantado cargos similares contra otros exmandatarios de países centroamericanos, incluyendo a tres expresidentes de El Salvador acusados de diferentes esquemas de corrupción y a un expresidente de Guatemala, a quien se acusó de dirigir una "estructura criminal mafiosa".
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Sin embargo, como ha quedado demostrado en el caso de Martinelli, llegar a procesar judicialmente a miembros de la élite latinoamericana acusados de corrupción muchas veces ha demostrado ser tarea difícil. Figuras poderosas como el expresidente tienden a disponer de ingentes recursos financieros y en muchas ocasiones siguen ejerciendo influencia política importante en sus países, aun después de dejar sus cargos. En algunos casos, pueden incluso valerse de la inmunidad política contemplada en la ley.
Las autoridades panameñas llevan meses trabajando para superar diferentes obstáculos para traer a Martinelli de vuelta al país para que responda por las acusaciones que se le formulan. Llevar a buen término la acción judicial en su contra en Panamá enviaría un mensaje contundente del compromiso y la capacidad del país para enfrentar la corrupción en el gobierno en sus más altos niveles.
Pero Martinelli también puede ser requerido por acusaciones penales que caen bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Por esta razón, el futuro del expresidente parece depender en gran parte de la incierta pregunta de cómo Estados Unidos quiere manejar su solicitud de extradición.
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