Autoridades de Trinidad y Tobago dicen que las pandillas son las responsables de la extorsión descontrolada a los contratistas que ejecutan proyectos de obras públicas, lo que pone en relieve las diversas maneras en que los grupos criminales pueden explotar esta fuente de financiación estatal para su propio beneficio.
El ministro de Obras y Transporte, Rohan Sinanan, declaró que los grupos criminales están exigiendo a los contratistas de la construcción y mantenimiento vial que paguen un "impuesto de cobardía", informó el Trinidad Guardian.
"Hay algunos elementos criminales que están amenazando a los contratistas", comentó Sinanan. "Y esto sucede por toda Trinidad. Esto pasa desde hace un tiempo".
Una fuente cercana a la Asociación de Contratistas de Trinidad y Tobago declaró al Trinidad Guardian que las pandillas entregan a los contratistas listas de las personas que ellos quieren que trabajen en los proyectos. Los cabecillas de la pandilla supuestamente cobran US$3.000 por cada nombre en la lista.
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"La mayoría de las veces los nombres de la lista son personas asociadas con una pandilla", señaló la fuente. "Estos pandilleros simplemente entrarían al trabajo y no harían nada. Otros no vendrían en absoluto y cobrarían un salario al final de la semana. Operan como una pandilla fantasma".
La fuente dijo que los contratistas también deben pagar a las pandillas para garantizar que no dañen su equipo una vez se termine el proyecto, "así que hay extorsión por todas partes".
Un contratista que no tenía ni la capacidad ni el deseo de pagar la extorsión fue presuntamente obligado a abandonar un proyecto el mes pasado luego de recibir amenazas de muerte.
Análisis de InSight Crime
Este caso ilustra una de las múltiples formas como los grupos criminales y los funcionarios corruptos pueden infiltrarse en el proceso de concesión y ejecución de proyectos de obras públicas. Incluso en Trinidad y Tobago, donde no se reconoce una presencia fuerte del crimen organizado, las disputas entre pandillas que compiten por proyectos de desarrollo comunitario han llevado a explosiones de violencia en el pasado.
En otros lugares de Latinoamérica, en especial la región del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador), los contratos de obras públicas representan una gran parte de la corrupción en la que están implicadas las élites políticas.
En El Salvador, los contratos del estado parecen haber sido un elemento central de negociaciones secretas entre cabecillas de las pandillas y representantes del gobierno. Un video divulgado el año pasado muestra al actual ministro del Interior de El Salvador, Aristides Valencia, ofreciendo a los cabecillas de Barrio 18 y MS13 hasta US$10 millones en microcréditos para empresas dirigidas por las pandillas y sus familias. Aunque no está claro qué pidieron a cambio las autoridades, Valencia ya había sido grabado discutiendo un pacto electoral con los cabecillas de las pandillas en la precampaña a la elección presidencial de 2014.
Entretanto en Honduras, un cabecilla del clan narco de los Cachiros recientemente declaró en un juzgado de Estados Unidos que el expresidente Porfirio Lobo otorgó a su grupo contratos oficiales a cambio de cientos de miles de dólares en sobornos.
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Pero en ningún lugar los contratos de obras públicas estuvieron tan estrechamente ligados a la corrupción como en Guatemala. Era rutinario que los funcionarios usaran contratos sin licitación para comprar y vender favores políticos, y en el proceso ayudaron a crear un estado mafioso que solo se desmontó recientemente.
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