Tres familias de Soyapango, un municipio en las afueras de San Salvador, capital de El Salvador, se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a las pandillas; otro ejemplo de los desafíos de mantener la tregua entre pandillas en ese país, la cual ya lleva 15 meses.
Algunos residentes del barrio Jardines de Monte Blanco de Soyapango fueron amenazados por las pandillas por negarse a facilitar el acceso a la zona para el almacenamiento de mercancías ilícitas; a otra mujer le dieron 24 horas para salir porque sus hijas tenían amigos en un barrio controlado por una pandilla rival, informó La Prensa Gráfica.
Las familias fueron desplazadas en un período de 15 días, y aparentemente los pandilleros les pidieron entregar las llaves antes de salir. No obstante, la policía no verificó las declaraciones.
Las dos áreas de los barrios más afectados por la violencia de las pandillas son los que se utilizan como corredores por los miembros de las pandillas rivales de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13), dicen los residentes. Las condiciones de seguridad en el barrio –donde La Prensa Gráfica dice que la presencia policial es mínima– también obligaron a 18 estudiantes a abandonar la escuela en el otoño, y un tiroteo a principios de junio hirió a una niña.
Análisis de InSight Crime
El desplazamiento originado por las pandillas no es un fenómeno nuevo en El Salvador, pero su complejidad y la naturaleza silenciosa de los casos relacionados con ellas han hecho que el nivel de desplazamiento no sea medible, como se informó en una investigación especial de InSight Crime en 2012. Los motivos de los pandilleros para expulsar a los residentes incluyen la expansión territorial, la extorsión y el micro-tráfico; un fenómeno similar al que se observa en Tegucigalpa y San Pedro Sula, Honduras.
En Soyapango, los residentes fueron desplazados de la zona de El Guaje en 2010, a medida que las pandillas buscaban controlar el espacio de recreación, el cual les sirvió como un lugar para reunirse.
La diferencia entre el entonces y el ahora es la tregua entre pandillas, patrocinada por el gobierno y la Iglesia Católica en la primavera de 2012, en la que Barrio 18 y la MS13 se comprometieron a poner fin a la violencia y la extorsión. Aunque los homicidios se redujeron drásticamente después de la tregua, los informes sobre el aumento de la extorsión y las desapariciones han planteado dudas sobre la sostenibilidad de la tregua y sobre si las pandillas están realmente haciendo honor a sus promesas.
El último informe de desplazamientos proporciona un ejemplo más de los problemas para mantener en secreto la violencia de las pandillas, mientras que el gobierno, la comunidad internacional y las organizaciones no gubernamentales tratan de poner en práctica la siguiente fase de la tregua, a saber, los programas sociales, educativos y de formación profesional.
SUSCRIBIRME