Las pandillas de El Salvador han anunciado una nueva fase de su tregua de 2012, comprometiéndose a ponerle fin a los ataques entre grupos rivales y contra las fuerzas de seguridad, aunque es poco probable que el actual gobierno esté dispuesto a seguir el camino de sus predecesores y ofrezca concesiones a los grupos enfrentados a cambio de una reducción en la violencia.
En una declaración conjunta que obtuvo InSight Crime (vea la declaración), voceros de cinco de las pandillas del país –la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18, Mao Mao, Maquina y Miranda Locos 13- prometieron ponerle fin a la violencia entre grupos rivales y a los ataques en contra de las fuerzas de seguridad y de sus familias. Las pandillas también prometieron prevenir las bajas civiles, dejar de reclutar jóvenes por la fuerza, y aumentar los esfuerzos para promover la paz en las cárceles de la nación.
“Que en los últimos días hemos compartido profundas y largas reflexiones a nivel nacional […] y hemos concluido que la situación de violencia que agobia al país –de la cual todos resultamos ser víctimas- no puede experimentar resultados positivos si no damos nuestra decidida colaboración” dice la declaración. “Si nosotros somos parte del problema, también podemos ser parte de la solución”.
En la declaración, las pandillas también hicieron un llamado al gobierno para que apoye la tregua, pidiendo a las autoridades que brinden facilidades a los negociadores para dirimir los conflictos entre las pandillas. A pesar de que la declaración conjunta tiene como fecha el 28 de agosto, los voceros de las pandillas afirmaron que la segunda fase de la tregua empezó a tener efecto desde el día 24 del mismo mes.
Análisis de InSight Crime
Las dos pandillas más fuertes de El Salvador –MS13 y Barrio 18- declararon una tregua por primera vez en marzo de 2012. El pacto inicialmente llevó a una caída significativa en los homicidios, pero éstos empezaron a crecer de nuevo a mediados de 2013 y para junio de 2014 ya habían alcanzado los niveles previos a la tregua.
Es importante destacar que los pactos anteriores no fueron únicamente treguas entre pandillas, sino entre las pandillas y el gobierno. El gobierno de Mauricio Funes en un principio alegó no tener nada que ver con la intermediación de la tregua original, antes de admitir seis meses después que el acuerdo había sido una iniciativa del gobierno, y que se habían ofrecido concesiones a los líderes de las pandillas a cambio de acabar con la violencia, incluyendo la transferencia de líderes presos a cárceles de menor seguridad.
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La administración actual ha dado señales de su falta de interés por entrar en una negociación similar con las pandillas. Desde que el presidente Salvador Sánchez Cerén se posesionó en junio, las autoridades han estado investigando el rol de los negociadores de la tregua original, y de los negociadores rivales quienes lanzaron su propia iniciativa también respaldada por figuras del gobierno.
La oferta de las pandillas, de ponerle fin a los ataques contra las fuerzas de seguridad, se produce tras una campaña sostenida de ataques contra la policía, lo que podría ser una estrategia para traer de vuelta al gobierno a la mesa de negociaciones. Sin embargo, ha habido pocas señales del éxito de esta estrategia, y falta ver si los grupos van a continuar con su tregua pese a la ausencia de un acuerdo con el gobierno.