“Pandilleros terroristas”: ¿una cortina de humo en medio de crisis institucional en Guatemala?

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El nuevo ministro de Gobernación de Guatemala pidió esta semana al Congreso realizar una reforma al código penal para tipificar a las pandillas del país como terroristas, una propuesta que parece improbable en medio de la grave crisis política que atraviesa el país, luego de que la Corte Constitucional ordenara disolver la junta directiva del parlamento por una serie de vicios.

Cuatro días después de ser nombrado por el presidente Jimmy Morales, el nuevo ministro de Gobernación, Enrique Degenhart Asturias declaró en una conferencia de prensa su intención de “solicitarle a la Junta Directiva del Congreso una reforma al Código Penal en la cual se tipifique a las estructuras criminales de la Mara Salvatrucha [MS13] y Barrio 18 como organizaciones terroristas”.

El gobierno también anunció su intención de solicitar a Estados Unidos que incluya a las pandillas en su lista de la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés).

El anuncio se hizo el mismo día en que la Corte Constitucional ordenó al Congreso la disolución de su recién nombrada Junta Directiva, pues una de sus integrantes cambió de partido cuando ya había entrado en vigencia una nueva ley que lo castigaba.

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La cuestionada Junta Directiva, que había sido juramentada días antes, estaba encabezada por Alvaro Arzú Jr. y su vicepresidente era Felipe Alejos. Arzú es hijo del expresidente Alvaro Arzú Irigoyen, varias veces alcalde de Ciudad de Guatemala, y quién en octubre del año pasado fue señalado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de haber recibido dinero para su campaña del difunto Byron Lima, un poderoso excapitán del ejército conocido como el “Rey de las Prisiones” de Guatemala”.

Alejos, o “Felipao” como se le conoce, recientemente fue señalado por la CICIG, una entidad judicial con respaldo de las Naciones Unidas que apoya al Ministerio Público, de hacer parte de una estructura criminal dedicada a agilizar los procesos de devolución de créditos fiscales a cambio de sobornos, en un caso conocido como “Traficantes de Influencias”.

El nuevo ministro de Gobernación también afirmó que su gestión tendrá “énfasis especial en la prevención del crimen”. Sin embargo, esta “intención” parece ir en contravía con su propuesta de endurecer las acciones del gobierno contra las pandillas tipificándolas como terroristas, pues este discurso que ha sido popular anteriormente en varios países de Latinoamérica, ha probado tener poco efecto.

Análisis de InSight Crime

En este escenario, donde la corrupción que involucra a las élites de Guatemala parece ser el centro de atención, plantear un debate sobre calificar a las pandillas como grupos terroristas podría tener una intención más política y de distracción, que de lucha contra el crimen.

Si bien es cierto que, en Guatemala, así como en los demás países del Triángulo Norte, las pandillas callejeras son una fuente de violencia importante, actualmente no es posible determinar qué parte de los homicidios y de la inseguridad en el país están relacionados con ellas y con las organizaciones de narcotráfico.

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Según un informe de la policía, el año pasado Guatemala tuvo un total de 4.409 homicidios, una tasa de homicidios de 26,1 por 100.000 habitantes, que contrasta con la de Honduras de 42,8 y El Salvador –que el año pasado aprobó reformas similares– de 60.

Aunque declarar terroristas a las pandillas podría tener implicaciones más amplias en términos de apoyo internacional, el ministerio no presentó información sobre investigaciones de lavado de dinero en curso contra estos grupos, que sería esencial para la hipotética solicitud a OFAC.

Por otra parte, el Congreso del país ha demostrado una gran falta de cohesión para aprobar o modificar leyes en el pasado, excepto cuando se trata de protegerse a sí mismos o a los intereses que representan, por lo que es poco probable que la designación de las pandillas como terroristas se convierta en una prioridad en su agenda, especialmente en el contexto de un vacío en el liderazgo en el Congreso, que hasta hace poco estaba representado por Álvaro Arzú.

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