El Senado de Paraguay ha aprobado una ley de derribo de aviones no autorizados en un esfuerzo por combatir el tráfico de drogas, justo el mismo día en el que un periodista fue asesinado por unos presuntos narcotraficantes. Sin embargo, el país carece de los recursos necesarios para hacer cumplir cualquier política de derribo o para brindar protección a sus periodistas.
El 16 de octubre, el Senado aprobó una ley que, de ser aprobada por la Cámara de Diputados, permitiría a las fuerzas de seguridad derribar aviones no autorizados sospechosos de transportar drogas y contrabando, informó ABC Color.
Sin embargo, el senador Roberto Acevedo, presidente de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos del Senado -y víctima de un intento de asesinato en 2010, que presuntamente fue ordenado por el narcotráfico- dijo a InSight Crime que el país carece de los equipos necesarios para hacer cumplir esta medida.
“Se van a reír de nosotros los narcos porque Paraguay no está en condiciones [de hacer cumplir la ley]”, indicó. Acevedo señaló que la ley también viola el debido proceso y la presunción de inocencia, así como los tratados internacionales. Además dijo a InSight Crime que, en lugar de esto, Paraguay debería centrarse en otros aspectos de la lucha contra el narcotráfico, como hacer frente a la corrupción y la impunidad.
El mismo día que el Senado aprobó la ley, el corresponsal de ABC Color Pablo Medina fue asesinado en el departamento de Canindeyú, al oriente del país. Según los informes, Medina había recibido numerosas amenazas por cubrir el comercio de marihuana. Luis Rojas, el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), dijo que era posible que los narcotraficantes estuvieran detrás del asesinato, informó Última Hora.
Análisis de InSight Crime
Tanto el asesinato de Medina como la aprobación de la ley de derribo de narcoaviones ponen de relieve la seriedad de la amenaza planteada por el tráfico de drogas en Paraguay, el principal productor de marihuana de Suramérica y un punto de tránsito para los cargamentos de cocaína con destino a Brasil. Sin embargo, como afirmó el senador Acevedo, Paraguay no cuenta con las aeronaves ni con los radares necesarios para implementar una ley de derribo de narcoaviones, y es posible que estos recursos sean mejor aprovechados en otra parte.
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Por su parte, John Otis, el corresponsal en los Andes del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), dijo a InSight Crime que el país cada vez se ha hecho más peligroso para los periodistas. Según el CPJ, además de Medina, desde 1992 cuatro periodistas han sido asesinados en Paraguay en casos en los que el motivo fue confirmado –dos de ellos este año. Según Otis, los asesinatos de 2014 representan un “número extremadamente alto dado el pequeño tamaño del país”.
Pese a que ya se han presentado cuatro capturas relacionadas con el caso, Otis expresó preocupación de que la investigación del homicidio termine una vez atrapen al sicario –en lugar de ir tras la persona que ordenó el asesinato- como ha ocurrido en muchos otros casos similares en la región.
La organización Reporteros sin Fronteras ha advertido previamente que la amenaza planteada por el crimen organizado ya ha conseguido limitar en gran medida la capacidad de los periodistas para trabajar en Paraguay.