Paraguay ha aprobado reformas que amplían los poderes militares en la lucha contra la insurgencia guerrillera, proporcionando una distracción conveniente de los problemas más apremiantes, como el tráfico de drogas y el crimen organizado -los cuales afectan de cerca al presidente Horacio Cartes-.
El Senado paraguayo aprobó reformas a la Ley de Defensa Nacional que otorga un mayor control de los militares al presidente, lo que permite a Cartes utilizar soldados en todo el país y en cualquier momento, con la única condición de que el gobierno debe informar al congreso del despliegue dentro de las 48 horas previas, momento en el cual el Congreso puede votar para impedirlo. Anteriormente, el gobierno sólo podía hacer semejante despliegue bajo un declarado "estado de excepción".
El gobierno argumentó que la ley permitiría a las autoridades responder con mayor rapidez y flexibilidad a la amenaza planteada por la insurgencia guerrillera del Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP).
No obstante, ha habido fuertes críticas contra la ley, especialmente de los movimientos sociales rurales y las organizaciones de derechos humanos. La Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas de Paraguay (MCNOC) emitió un comunicado diciendo que la ley podría conducir al tipo de prácticas militares represivas vistas bajo el dictador Alfredo Stroessner, mientras que la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) declaró que las reformas instalan “un estado de excepción en forma permanente, sin límite de tiempo, y sin aprobación ni control del Poder Legislativo”.
Análisis de InSight Crime
Las reformas a la ley de defensa han sido impulsadas a una velocidad vertiginosa a raíz de la muerte de cinco guardias de seguridad en un ataque a principios de esta semana, que se cree que fue llevado a cabo por el EPP.
El ataque ha permitido al nuevo gobierno paraguayo introducir una legislación que le otorga amplios poderes, al tiempo que hace alarde de su enfoque de línea dura contra los guerrilleros. Sin embargo, también sirve como una cortina de humo frente a los problemas más graves.
Aunque la guerrilla del EPP ha intensificado las actividades en los últimos años, siguen siendo poco más que un fastidio constante para el Estado, y probablemente cuenta con menos de 100 combatientes. El desafío más serio que enfrenta Paraguay es el narcotráfico y la creciente presencia del crimen organizado. En el día que las reformas fueron aprobadas, esto fue señalado por el alcalde de la ciudad fronteriza de San Carlos del Apa, Luis Aníbal Schupp, quien declaró públicamente que el 80 por ciento de las estancias (haciendas o ranchos) en la zona pertenecían a poderosos narcos.
No obstante, debido a que el mismo Cartes ha sido acusado de estar involucrado en lavado de dinero, tráfico de drogas y contrabando, el EPP se convierte en un blanco mucho más cómodo.
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