Un nuevo informe de una organización no gubernamental (ONG) colombiana, que trabaja en estrecha asociación con la orden de los jesuitas de Colombia, afirma que la mayoría de las violaciones de derechos humanos registradas en 2012 fueron cometidas por las organizaciones neo-paramilitares.
La ONG, conocida como el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), afirma en un nuevo informe que los grupos paramilitares – a los que el Gobierno se refiere como "bandas criminales", o BACRIM - participaron en 565 casos de violaciones de derechos humanos en 2012. El segundo mayor violador de derechos humanos en Colombia es la policía, con 268 casos registrados el año pasado, seguido por los militares, con 187 casos.
En términos de violaciones del derecho internacional humanitario - que se aplica a todos los actores del conflicto colombiano – el CINEP establece que las BACRIM fueron responsables de 493 casos, seguido por las FARC, con 347 casos. La organización guerrillera más pequeña, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cometió 48 violaciones.
Según las cuentas del CINEP, 2012 vio 20 casos de "falsos positivos", en referencia a los casos en los que las fuerzas de seguridad de Colombia cometen ejecuciones extrajudiciales y luego presentan los cuerpos como guerrilleros muertos en combate.
Análisis de InSight Crime
El CINEP, que fue establecido originalmente por los jesuitas en 1972, es considerado uno de los más respetados guardianes de los derechos humanos en Colombia. Su nuevo informe sugiere que si bien el fenómeno de los "falsos positivos" está fuertemente asociado a la conducta de las fuerzas de seguridad, bajo el Presidente Álvaro Uribe, la práctica aún no ha desaparecido por completo.
No obstante, 2012 aún representa una reducción significativa en el número de casos de "falsos positivos" detectados durante períodos anteriores en Colombia. Según el recuento del CINEP, el año con el mayor número de casos de "falsos positivos" de la última década fue 2007, que registró 239 casos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos ha estimado que entre 2004 y 2008, más de 3.000 personas fueron objeto de ejecuciones extrajudiciales, llevadas a cabo principalmente por el ejército.
El informe del CINEP también señala algunos cambios en la forma como son reportados los "falsos positivos", indicando que ha habido algunos casos en los que las víctimas fueron presentadas como narcotraficantes muertos, en lugar de guerrilleros.
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