Las pandillas salvadoreñas presuntamente impusieron un paro de transporte público que paralizó a San Salvador, la capital del país, en un intento por presionar al gobierno para que acceda a una nueva negociación de la tregua.
El 27 de julio, las pandillas de El Salvador ordenaron a los conductores de buses iniciar un paro de transporte, asesinaron a seis conductores que se negaron a cumplir la orden y quemaron dos vehículos, informó Reuters.
Como respuesta a las amenazas de las pandillas, los transportadores dejaron de cubrir el servicio en al menos 37 rutas, lo cual afectó a San Salvador y algunas localidades vecinas. El viceministro de Transporte (VMT) de El Salvador estimó que aproximadamente mil vehículos dejaron de prestar el servicio.
El paro ha afectado el transporte cotidiano de miles de salvadoreños, lo cual ha llevado a que aumente el alquiler de vehículos y a que los ciudadanos viajen en camiones particulares y pick ups o que caminen grandes distancias para llegar a sus destinos.
La Policía Nacional Civil (PNC) prometió ofrecer “protección permanente” a los trabajadores que decidan no seguir con el paro y movilizó a sus agentes para brindar seguridad en terminales, paradas y rutas de buses.
Análisis de InSight Crime
En El Salvador, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 han hecho varios llamados al gobierno para retomar los diálogos con sus líderes, los cuales han afirmado que la violencia continuará a menos que se cumpla con esta condición. Sin embargo, hasta ahora el gobierno se ha rehusado a hacerlo, y por el contrario las autoridades han adoptado un enfoque más agresivo contra las pandillas ante la escalada de violencia.
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El hecho de que las pandillas hayan ordenado el paro de transporte público tal vez sea una respuesta a la reciente decisión del gobierno de limitar el contacto de los pandilleros encarcelados con el mundo exterior. También puede ser visto como una muestra de la fuerza de las pandillas y de su capacidad para tener un impacto significativo en la vida cotidiana de la sociedad salvadoreña, lo cual aumenta la presión sobre el gobierno para que actúe ante el incremento de la inseguridad.
La cuestión es si la situación de seguridad en El Salvador seguirá empeorando en lugar de mejorar o si finalmente el gobierno se verá obligado a dialogar con las pandillas una vez más. Esto último es algo frente a lo cual el Estado se ha mostrado renuente (al menos frente a la opinión pública) por temor a parecer débil y otorgarles a las pandillas un estatus de legitimidad parcial como actores políticos.
Sin embargo, este tipo de situación cuenta con algunos precedentes. En Brasil, recientemente aparecieron informes no confirmados que señalan que en 2006 el gobierno del estado de São Paulo negoció con los líderes de la pandilla Primer Comando Capital (PCC) para poner fin a los brotes de violencia.