Participación del director de la Normal de Ayotzinapa, nuevo giro en el caso Iguala

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El director de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el suroeste de México, a la que asistían los 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre, se ha visto implicado en su desaparición, lo que representa el más reciente giro en un caso que sigue estremeciendo a la nación.

Según Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, presunto líder del grupo Guerreros Unidos implicado en la desaparición de los estudiantes, el director de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, José Luis Hernández Rivera, fue sobornado por un miembro del grupo criminal Los Rojos para que enviara a los estudiantes a una protesta en Iguala la noche en que fueron secuestrados, informó Proceso.

Tras la acusación, Hernández negó cualquier implicación en el caso, informó Milenio.

El presunto jefe de Guerreros Unidos había indicado previamente que el grupo criminal interceptó a los estudiantes en su camino hacia Iguala porque creyeron que entre ellos había miembros de Los Rojos. Salgado fue arrestado a mediados de enero y desde entonces ha confesado que mató a por lo menos 15 de los estudiantes desaparecidos.

Análisis de InSight Crime

Salgado ha sido un testigo clave en la investigación del gobierno sobre el caso de los estudiantes desaparecidos. Las autoridades mexicanas han construido su versión oficial de que, en septiembre pasado, los estudiantes fueron llevados a un basurero y quemados, basados en parte en el testimonio de Salgado y sus cómplices, así como en evidencia biológica y forense. (Para un resumen completo del caso Iguala, haga clic en la línea del tiempo de InSight Crime al final de esta página).

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Teniendo en cuenta el importante papel que Salgado ha cumplido en la investigación y el elevado número de sospechosos que han sido arrestados en conexión con el caso, es posible que el gobierno mexicano preste cuidadosa atención a la acusación contra Hernández. En particular, porque los comentarios de Salgado se hicieron públicos luego de las observaciones del procurador general de México, José Murillo Karam, según las cuales el gobierno todavía se encuentra investigando el caso, a pesar de que se han generalizado los informes que señalan que ha sido cerrado.

Pero independientemente de cómo se resuelva el caso de Hernández, es poco probable que el gobierno recupere la credibilidad del pueblo mexicano. A pesar de los intentos por mostrar transparencia y silenciar a los críticos de la investigación, cada vez hay más dudas acerca de que la versión del gobierno sobre lo sucedido con los estudiantes sea verdadera. A principios de enero, una investigación independiente señaló que probablemente los cuerpos fueron incinerados en un crematorio del ejército; por otro lado, la revista Proceso descubrió que el gobierno quizá torturó a los testigos para obtener sus declaraciones.

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