En Honduras hay evidencias que sugieren que la participación del ejército en acciones policiales a nivel nacional ha incrementado la violación de derechos humanos por parte de los soldados. Sin embargo, la corrupta e inefectiva policía del país también se presenta como una alternativa poco fiable para combatir la inseguridad generalizada.
Según datos recolectados por Reuters, entre los años 2012 y 2014, soldados hondureños estuvieron implicados en al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones ilegales. Actualmente, al menos 24 soldados están bajo investigación por cargos relacionados con nueve casos de homicidios.
Reuters no encontró registros de este tipo de casos con participación de soldados entre 2010 y 2011. En 2012, el expresidente hondureño Porfirio Lobo acudió a las fuerzas militares para combatir a las pandillas.
“El número de violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército está aumentando, y la amenaza es cada vez más grande porque la policía militar opera con sus rostros cubiertos, impulsando la impunidad”, afirmó Juan Almendarez, director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT).
El ministro del Interior hondureño, Rigoberto Chang, pese a reconocer que ha habido casos de abusos cometidos por militares, afirmó que “la presencia de los soldados en las calles se va a mantener hasta restablecer la seguridad”, informó Reuters.
Quienes apoyan la participación de militares en tareas policiales afirman que esto ha contribuido a la reducción de la tasa de homicidios en Honduras, que en el 2012, según estimaciones de las Naciones Unidas, era de 90 asesinatos por cada 100.000 personas. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras calculó que en 2014 la tasa se había reducido a 68 homicidios por cada 100.000 habitantes, de los 79 por cada 100.000 en el año 2013.
Análisis de InSight Crime
Si bien la participación del ejército hondureño en funciones de policía a nivel nacional no es lo ideal, la solución alternativa resulta ser igualmente funesta. Es más, la principal razón por la que las autoridades hondureñas acudieron a los militares tiene que ver con la notable corrupción e ineficiencia de las fuerzas policiales del país.
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Por ejemplo, el 9 de junio oficiales de la Policía Nacional de Honduras le presentaron su más reciente informe de resultados al presidente Juan Orlando Hernández, en el que se afirma que los intentos para reformar la institución y depurar a la policía de elementos corruptos fallaron completamente, y que al menos 27 oficiales (entre los que se encuentran varios comisarios y subcomisarios) tenían vínculos con grupos del crimen organizado, responsables —entre otros crímenes— de tráfico de drogas, secuestro, robo de automóviles y homicidios.
No obstante, pocas veces los oficiales de la policía implicados en actividades criminales enfrentan investigaciones, y muchos logran permanecer en la institución. Adicionalmente, la policía hondureña también ha demostrado ser propensa a cometer abusos y violaciones de derechos humanos. Entre 2010 y 2012, la policía fue responsable de cerca de 150 muertes de civiles.
Por lo tanto, Honduras se encuentra en un dilema, que los políticos han buscado resolver durante los últimos años con la creación de nuevas fuerzas de policía militar: la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad TIGRES y la Policía Militar de Orden Público (PMOP). Sin embargo, pese a la expansión de estas fuerzas, su rol en el mejoramiento de la situación de seguridad en Honduras sigue siendo poco claro.
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