El gobierno de Colombia ha emitido señales contradictorias en lo que se refiera a la manera como el nuevo acuerdo sobre justicia transicional tratará las solicitudes de extradición de guerrilleros de las FARC acusados de narcotráfico.
El 23 de septiembre, los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los negociadores del gobierno anunciaron un acuerdo sobre justicia transicional —un paso histórico en el proceso de poner fin a más de 50 años de conflicto en Colombia—.
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Un día después, la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinó que era posible conectar el delito del narcotráfico a la insurgencia armada. Esto es en parte favorable para las FARC, porque en caso de que Colombia apruebe las leyes que definan la manera como el narcotráfico podría ser considerado un "delito político", ello podría proteger a las FARC de ser enjuiciados por su papel en el tráfico de cocaína.
Sin embargo, la Corte Suprema también señaló que ello no debería impedir la extradición, y más adelante emitió una opinión favorable sobre la solicitud de extradición de Juan Vicente Carvajal Isidro, alias "Misael" —el presunto director financiero del Frente 10 de las FARC—.
Para confundir más las cosas, en una reciente conferencia de prensa, el alto comisionado para la paz de Colombia, Sergio Jaramillo, sugirió cierta indulgencia para la extradición de miembros de las FARC. "Nadie participa en un acuerdo de paz para terminar extraditado", dijo. Sin embargo, los términos finales sobre este tema se establecerán en el acuerdo final de paz, agregó Jaramillo.
Varias cortes estadounidenses han acusado al menos a 60 miembros de las FARC de tráfico de drogas y cargos relacionados, lo que significa, según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), que hipotéticamente podrían ser extraditados a Estados Unidos a enfrentar juicios.
Análisis de InSight Crime
Las FARC han recurrido frecuentemente al tráfico de drogas para financiar su movimiento. Aunque los últimos avances en las conversaciones de paz en Colombia son motivo de mucho optimismo, pareciera que el tema de la extradición continuará ensombreciendo las negociaciones.
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Los más recientes comentarios de Bernard Aronson, enviado especial de Estados Unidos, sugieren que éste país apoyaría —o al menos aceptaría— cierta indulgencia en el caso de las extradiciones por narcotráfico, con el fin de facilitar el proceso de paz. Si bien Estados Unidos lógicamente está interesado en juzgar a tantos miembros de las FARC como sea posible, facilitar la paz en Colombia —donde Estados Unidos ya ha invertido miles de millones de dólares en seguridad— también es beneficioso para el país.
En Colombia, la oposición a las conversaciones de paz sigue siendo un obstáculo. Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana han criticado el proceso de paz por ser demasiado indulgente cuando se trata de los delitos de narcotráfico de las FARC.
Junto con la baja popularidad del presidente Juan Manuel Santos, ello podría significar problemas cuando el pueblo colombiano vote finalmente el acuerdo de paz mediante un referéndum.
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