El presidente de México Enrique Peña Nieto ha propuesto dos nuevas iniciativas con el fin de combatir la tortura y el secuestro, pero las condiciones locales pueden impedir cualquier eventual implementación de las mismas.
En su discurso con ocasión de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 el 10 de diciembre, Peña Nieto anunció que propondrá al Congreso dos nuevas iniciativas legales, según informes de Animal Político.
La primera de ellas, la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, propende por la creación de un sistema nacional de búsqueda que movilizaría a los organismos de seguridad pública y justicia en las horas que siguen a una desaparición. También crearía un registro nacional forense, y un consejo nacional ciudadano como veedor del sistema nacional de búsqueda. De promulgarse, la ley estandarizaría la penalización en los 32 estados mexicanos.
Asimismo, la segunda propuesta de Peña Nieto, la ley general para prevenir y sancionar la tortura, definiría qué acciones constituyen tortura y sus respectivas sanciones, coordinaría la respuesta del gobierno y velaría por la defensa de los derechos de las víctimas. También contempla la creación de un registro nacional de los casos de tortura, una unidad especializada de investigación de alcance estatal y federal, y un mecanismo nacional de prevención de la tortura conformado por grupos de derechos humanos y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México.
Según Animal Político, Peña Nieto indicó que ambas propuestas son producto de consultas con legisladores, académicos, especialistas y la sociedad civil. De ser aprobada por el Congreso, Peña Nieto anunció que esta será la primera vez que exista una estrategia para atacar estos crímenes.
Análisis de InSight Crime
Las propuestas de Peña Nieto pueden verse en parte como una respuesta a las duras críticas a la fracasada investigación del gobierno sobre la desaparición de 43 estudiantes manifestantes en 2014, y un intento de contrarrestar la imagen de incompetencia de su administración en aspectos de seguridad.
Aún cuando estas iniciativas lleguen a promulgarse como leyes, su implementación puede ser difícil.
En el pasado, algunos gobiernos estatales, quizás en un intento de minimizar situaciones de seguridad extremas, se han negado a divulgar datos sobre desapariciones forzadas, y pueden reaccionar de manera similar a cualquier iniciativa nacional contra la abducción. Una estrategia de arriba abajo para tratar las desapariciones puede verse obstruida también por la corrupción rampante, con la confabulación de funcionarios municipales y la policía local con los grupos criminales responsables de las "desapariciones".
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre secuestro
Factores similares pueden dificultar el progreso en lo concerniente a la tortura. Por ejemplo, una parte de los casos de tortura y abusos contra los derechos humanos en México tienen raíz en las mismas fuerzas de seguridad, y es raro que prosperen las investigaciones o los juicios en estos casos. Aunque la propuesta de Peña Nieto crearía una nueva unidad de investigación sobre la tortura, no es claro cómo mejoraría esto la tasa de sentencias en dichos casos.
SUSCRIBIRME