Penas indulgentes impuestas a Los Monos ponen de relieve los dilemas judiciales de Argentina

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Las autoridades argentinas impusieron penas menores a 18 miembros del grupo criminal Los Monos, lo cual ha generado un debate regional sobre si la inclusión de sospechosos en los procedimientos judiciales es beneficiosa o no para el sistema de justicia.

Los fiscales y abogados defensores de Ariel “Guille” Cantero, presunto jefe de Los Monos, un grupo criminal que opera desde la ciudad de Rosario, acordaron imponerle a Cantero una pena de prisión de nueve años, según informó Clarín. Los Monos es un grupo local de narcotraficantes, cuyas acciones han llevado a que Rosario sea uno de los lugares más violentos de Argentina.

Según Clarín, Cantero enfrentaba inicialmente una sentencia de por vida por cargos de asesinato en primer grado. Pero en febrero de este año, una testigo del caso cambió su declaración, alegando que no lograba identificar a los autores. Poco después, Cantero se declaró culpable de asesinato en segundo grado y de ser el líder de un grupo criminal.

Las autoridades han dictado penas de prisión que van de tres a ocho años a otros 13 miembros de Los Monos, como parte de un acuerdo similar, según Clarín. Otros cuatro miembros fueron condenados a penas alternativas, como la prestación de servicios comunitarios.

Clarín también señala que los fiscales acusaron a Cantero de matar a una persona que, según Los Monos, había entregado a asesinos al hermano de Cantero, Claudio “Pájaro” Cantero, en mayo de 2013. Pájaro ya había sido identificado previamente como el líder de Los Monos.

Análisis de InSight Crime

El caso de Los Monos ilustra el dilema que enfrentan los sistemas judiciales que tratan de alentar a los grupos criminales para que cooperen con las autoridades, a la vez que intentan asegurar que la justicia se ejerza correctamente. Aunque parece que en algunos casos los fiscales hicieron acuerdos con Los Monos porque no estaban seguros de tener las pruebas suficientes para condenarlos, en muchas ocasiones las autoridades tienen otros motivos para involucrarse con los grupos criminales.

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En Estados Unidos, con frecuencia las autoridades ofrecen beneficios a reconocidos capos de la droga a cambio de información sobre sus cómplices y sus redes. Por ejemplo, un exlíder de la organización criminal colombiana Los Rastrojos, Diego Pérez Henao, alias “Diego Rastrojo”, recibió una sentencia mucho mayor que la que se espera recibirá su compañero, Javier Calle Serna, alias “Comba”. A diferencia de Diego Rastrojo, Comba se entregó prontamente y al parecer está cooperando con las autoridades estadounidenses.

Esta práctica ha llevado a varios grandes narcotraficantes de la región —como Javier Eriberto Rivera Maradiaga, presunto jefe del grupo hondureño de transporte de drogas, Los Cachiros— a entregarse a las autoridades de Estados Unidos con la esperanza de recibir una sentencia más leve. Los detractores dicen que este sistema les permite a los delincuentes peligrosos quedarse sin una sanción lo suficientemente severa, mientras que los partidarios argumentan que les permite a las autoridades recopilar información valiosa sobre las redes criminales e incita a que criminales violentos se entreguen a la policía.

Otros procesos judiciales se llevan a cabo juzgando a los criminales en bloque, pero tienen mayor probabilidad de fracasar. En El Salvador, por ejemplo, las autoridades acordaron enviar a los líderes de las dos pandillas principales del país, Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13), a prisiones de baja seguridad, como parte de la tregua de 2012. El regreso de varios líderes de las pandillas MS13 y Barrio 18 a una prisión de máxima seguridad a principios de 2015 pone de relieve la naturaleza, a veces débil y en general política, de los acuerdos entre grupos criminales y autoridades.

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