La tensión crece entre los pequeños cultivadores en una región conocida por la producción de amapola en México por los retrasos en la entrega de fertilizantes con subsidios del Gobierno, lo que es solo un nuevo problema para los agricultores en medio de una tendencia de alejamiento de la heroína en favor de las drogas sintéticas.
Durante 24 años, las autoridades municipales y estatales del estado de Guerrero, suroeste de México sobre el Pacífico, han entregado fertilizantes subsidiados para ayudar a los campesinos en el cultivo de maíz. Pero estos subsidios del gobierno también han ayudado a otro grupo de agricultores: los productores de amapola.
Sin embargo, solo 58 de los 132 centros de distribución de fertilizantes en Guerrero —por mucho tiempo el centro en México del cultivo de amapola, materia prima de la heroína— están en operación actualmente, según Jorge Gage Francois, coordinador nacional del programa, según información de Proceso.
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El problema, según Gage Francois, es que alrededor de 400.000 agricultores se han inscrito al programa, 30.000 más que hace un año, lo que ha ocasionado demoras en la verificación de las operaciones de cada agricultor. La entrega de fertilizantes a los productores inscritos también se retrasó debido a los bloqueos de carreteras y la detención de funcionarios públicos, según explicó Gage Francois.
Desde hace algún tiempo las autoridades tenían sospechas de que el fertilizante subsidiado por el gobierno no se destinaba exclusivamente a la siembra de maíz. En agosto de 2017, por ejemplo, fuerzas federales de seguridad descubrieron tonelada y media de fertilizante en un campo de amapola en Guerrero, donde se habían destruido nueve cultivos.
Análisis de InSight Crime
Los retrasos en la entrega del fertilizante subsidiado por el gobierno son apenas un dolor de cabeza más para los agricultores en la meca de la amapola en México, quienes ya sufrieron el duro golpe de la caída en los precios de la heroína por causa del aumento en la producción y la demanda de drogas sintéticas, como las metanfetaminas y el mortal opioide fentanilo.
En 2017, “el valor de la cosecha de opio… superó el valor total de la producción agrícola en 26 de los 32 estados de México”, según un estudio de 2019 de la Red de Investigadores de Asuntos Internacionales (Noria).
De hecho, el opio de México se avaluó en unos 19 mil millones de pesos mexicanos (alrededor de US$1 mil millones), muy por encima del valor de las leguminosas (US$846 millones), el trigo (US$687 millones) y el algodón (US$636 millones) en esa época, según el estudio.
Pero en 2018, el estudio estimó que los amapoleros recibieron solo cinco y siete mil millones de pesos mexicanos (entre US$261 millones y US$364 millones), una caída de más de 60 por ciento en relación con 2017, lo que subraya la “radical disminución” del valor del producto durante ese lapso de un año, mientras los grupos criminales se adaptaban a los cambios del mercado de la droga.
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Efectivamente, varios productores al norte de Guerrero en el estado de Sinaloa —otro centro histórico de producción de la droga en México— declararon recientemente a Ozy que el precio de un kilogramo de pasta de opio había caído de US$1.840 a tan solo US$500, lo que confirma el hallazgo de los investigadores de Noria.
El cambio de la demanda del mercado, ha motivado cambios en los grupos criminales en México. Solo el año pasado, por ejemplo, las fuerzas de seguridad de Sinaloa decomisaron 50 toneladas de metanfetaminas en lo que se cree que fue el mayor operativo de ese tipo en la historia del país. Y como lo explicaba InSight Crime en una investigación de 2019 sobre la participación de México en el tráfico de fentanilo, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) —los dos grupos criminales más poderosos del país— son los más importantes proveedores mexicanos de la droga y sus precursores”.
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