¿Pérdida de propiedad? Nuevos desafíos para narcobienes expropiados en México

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Recientes acusaciones de robo, pérdida de bienes y corrupción institucionalizada indican que las publicitadas subastas de activos criminales de la administración de Andrés Manuel López Obrador se están viendo menoscabadas por el uso indebido generalizado de dichos bienes, lo que supone un obstáculo a los esfuerzos por redistribuir su valor entre el público mexicano.

El 21 de septiembre, Jaime Cárdenas Gracia, actual director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (IDPR), de México, hizo pública una explosiva carta de renuncia, en la que detallaba una serie de dificultades que afectan la organización que dirigió durante los últimos tres meses. Es el segundo director que renuncia en menos de un año.

En su carta, Cárdenas Gracia escribió que cuando asumió su cargo en junio halló “probables irregularidades administrativas, procedimientos de valuación que no garantizan los principios el Artículo 34 constitucional [como] la mutilación de joyas […] y conductas de servidores públicos contrarias a las normas”.

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El director agregó que desde su llegada presentó una denuncia a la Fiscalía General de la República por el daño de 23 piezas de joyería que son actualmente responsabilidad del IDPR, incluiyendo un collar de oro blanco que al parecer llegó intacto al Instituto, pero luego se halló que había perdido seis gramos de su peso en relación con el tiempo de la entrega y se le habían insertado gemas falsas, según notas de prensa.

Tres días después de que Cárdenas anunciara su renuncia, El Economista declaró que envió una solicitud de información al IDPR sobre los activos que podían haberse perdido o robado bajo su custodia.

El Instituto respondió entregando un extenso inventario de bienes actualmente en “proceso de recuperación” y solo admitió la desaparición de 17 botellas de licor sin rastro desde que se transfirieron a su cuidado.

En general, el inventario detalló 58.000 artículos que se encuentran en dicho proceso sin información sobre su paradero, entre ellos cuatro aviones transferidos a la organización entre 2009 y 2014, 47 vehículos recibidos desde 2006 y un barco incautado hace más de 14 años. Estos fueron tomados por el predecesor del IDPR, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Desde la creación del IDPR en enero, López Obrador ha hecho esfuerzos para mejorar la transparencia en torno a la redistribución de activos criminales en México con la realización de subastas muy publicitadas y el uso de las ganancias en gasto social, más recientemente en su sector de la salud.

Análisis de InSight Crime

La enorme cantidad de activos ligados al crimen organizado incautados por el estado mexicano cada año presenta un amplio margen para el uso indebido, el robo y la pérdida de propiedad, en las mismas bodegas en donde se almacenan.

Aunque las sonadas subastas de mansiones, barcos, autos de lujo e incluso aviones han atraído mucha atención, la mayoría de los casi 60.000 objetos que actualmente se encuentran en “proceso de recuperación” por el IDPR son objetos de menor tamaño, que incluyen ropa y botellas de licor, los cuales pueden pasar inadvertidos fácilmente.

Esos bienes estuvieron en posesión del SAE durante años, lo que hace aún más probable su uso indebido, en especial por el hecho de que México no tiene un sistema centralizado de auditoría o monitoreo del estado de los bienes incautados.

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Los artículos perdidos están registrados con la fecha en la que se transfirieron de la Fiscalía General al IDPR, pero sin fecha de desaparición aproximada, como señaló El Economista.

Por encima de esto, la evidente capacidad de la organización para evadir los requerimientos de información indica una preocupante falta de imputabilidad en torno a su operación en un contexto de corrupción institucional generalizada.

El uso indebido de activos de mayor tamaño a bienes más pequeños por igual, desde barcos hasta ropa, puede escalar, lo que posiblemente restringirá la capacidad de López Obrador de “devolver al pueblo mexicano” mediante la subasta de bienes criminales y, así financiar una ola de gasto social, como se buscó con la creación del IDPR.

No hay aún una demostración de que los artículos en proceso de recuperación del IDPR hayan sido objeto de desfalco, venta ilegal o pérdida. Pero sí es sospechoso el hecho de que una entidad del gobierno no pueda dar cuenta del paradero de vehículos incautados hace más de 15 años, más la corrupción de la que Cárdenas afirma haber sido testigo.

Otros países han enfrentado problemas similares. En Colombia, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha tenido que enfrentar problemas asociados con el uso indebido, donde algunos bienes llevan hasta 30 años en su “proceso de recuperación”, lo que ha llevado a algunos expertos a pedir una solución regional.

Por otro lado, las autoridades de Argentina dieron un ejemplo positivo, al usar los bienes decomisados al narcotráfico para enfrentar la pandemia por COVID-19. Autos de lujo que pertenecieron a criminales se han usado para el traslado de pacientes y como patrullas de seguridad, mientras que varias propiedades confiscadas fueron convertidas en instalaciones médicas.

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