Casi una semana después del asesinato de dos periodistas en el sur de Guatemala, el gobierno ha atribuido las muertes a un grupo criminal local que tiene vínculos comerciales con organismos estatales.
El ministro de Gobernación de Guatemala, Mauricio López Bonilla, señaló que el grupo Oajaca podría estar detrás del ataque del 10 de marzo en el que murieron los periodistas Danilo López y Federico Salazar, y en el que un tercero, Marvin Túnchez, resultó herido, informó El Periódico.
La red criminal —que lleva el nombre de la familia que aparentemente lo dirige— trabaja con el Cartel de Sinaloa de México coordinando la llegada y el envío de cargamentos de drogas ilegales a lo largo de la costa del Pacífico, señaló el ministro.
Según Prensa Libre, el grupo también gestiona contratos estatales, entre ellos uno del Ministerio de Salud para suministrar agua a un hospital y otro del sistema judicial para alquilar un edificio para un uso no especificado.
Hasta el momento la policía ha detenido a dos sospechosos, uno de los cuales presuntamente ya había sido vinculado a delitos de tráfico de armas y sicariato, informó Prensa Libre. El fiscal del caso pidió recientemente que lo trasladaran a un tribunal especial fuera del departamento de Suchitepéquez, debido a los riesgos que enfrentan los testigos, fiscales y jueces.
A raíz de la profunda indignación expresada por varias organizaciones guatemaltecas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus iniciales en inglés), el gobierno anunció nuevos mecanismos de protección para los periodistas en Mazatenango, ciudad donde López y Salazar fueron asesinados.
Análisis de Insight Crime
Las investigaciones realizadas por López llegaron al fondo de un tema crítico en toda la región: los estrechos vínculos entre los actores criminales y la clase política, especialmente en el ámbito local, donde se negocian fondos de campaña a cambio de protección y contratos estatales.
En entrevistas publicadas de manera póstuma por Prensa Libre, López detalla cómo los grupos criminales han contribuido a las campañas políticas y ejercido control sobre las autoridades con relativa facilidad, debido en parte a su patrocinio y en parte a sus tácticas intimidatorias.
López ya había enfrentado amenazas anteriormente. En 2013, en una denuncia presentada ante la Fiscalía, señala que fue amenazado por el alcalde del municipio de San Lorenzo —en Suchitepéquez— después de informar que éste había malversado fondos públicos.
Las amenazas contra periodistas en Guatemala van en aumento. Según un portavoz de la Fiscalía citado por Prensa Libre, desde 2010 se han registrado 142 denuncias presentadas por periodistas, y este número sigue creciendo cada año.
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En lugar de solicitar formalmente la protección del gobierno, muchos periodistas recurren a la autocensura cuando son acosados o amenazados. En un informe que detalla los peligros que enfrenta la prensa en Centroamérica, el CPJ señala que realizar cobertura al crimen organizado en las zonas rurales se ha hecho cada vez más difícil. El informe agrega que los periodistas se basan en los anuncios oficiales del gobierno y rara vez se aventuran fuera de las grandes ciudades.
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