En una decisión que gran parte de la prensa local ingnoró, una jueza prohibió a la ex fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, salir del país y congeló sus cuentas bancarias, en lo que parece ser una retaliación en contra de la ex fiscal por presentar casos judiciales contra las élites del país.
Según informó Nómada, un nuevo medio de comunicación de Guatemala, la decisión de la jueza Jisela Reinoso se conoció el 20 de junio, luego de que una compañía llamada GlobalCorp International entablara una demanda contra Paz y Paz y la Fiscalía General por no pagarle un contrato que fue firmado en el año 2000 por equipo, licencias y capacitación. Los once cargos contra Paz y Paz incluyen abuso de autoridad, desobediencia, y conspiración, informó Nómada.
El caso ha sido apelado por el Ministerio Público, como se conoce a la Fiscalía General en Guatemala, y la fiscal Eva Sosa Pérez anunció su oposición al fallo. Ella señaló que no había una investigación que justificara las acciones tomadas, y que la propiedad privada de Paz y Paz no podía verse afectada por las acusaciones relacionadas a su cargo público.
Al parecer, Paz y Paz ya se fue del país, incluso mientras el caso continúa moviéndose en el sistema judicial.
Análisis de InSight Crime
Aunque la juez Reinoso puede llegar a negarlo, este caso es un claro ataque político que busca enviar un mensaje a todos los empleados judiciales que pretendan presentar casos en contra de la élite política.
Fue eso lo que Paz y Paz hizo. Como reportó InSight Crime, Paz y Paz obtuvo reconocimiento internacional por lograr la condena del antiguo General Efraín Ríos Montt por cargos de genocidio. Ella también actuó en contra del grupo criminal de México los Zetas, trabajó para obtener justicia para las mujeres víctimas del país, e presionó para lograr reformas institucionales.
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Sin embargo, los intentos de Paz y Paz por una reforma le trajeron poderosos enemigos entre la élite de Guatemala. La histórica decisión contra Ríos Montt fue rápidamente anulada por la Corte Constitucional. Políticos conservadores, exsoldados y empresarios la acusaron de tener una agenda política, y en una decisión tomada en febrero de 2014 fue retirada de su cargo anticipadamente con base en un tecnicismo.
En su carrera por un segundo mandato este año, Paz y Paz fue excluida de la corta lista de seis nombres que fue entregada al Presidente Otto Pérez Molina, de la cual debía seleccionar al nuevo fiscal general.
El intento por procesarla en terrenos administrativos empeora su situación. Para empezar, la fecha del contrato es del año 2000. Paz y Paz fue fiscal general entre 2010 y 2014. En ese periodo de tiempo hubo varios fiscales generales que ni pagaron el contrato ni enfrentaron una demanda.
En segundo lugar, en una demanda civil contra un exempleado del sector público, es raro que se le congelen bienes y más aún prohibir el desplazamiento del acusado.
En tercer lugar, como Nómada señaló, la juez Reinoso tiene vínculos sospechosos con la élite y los intereses criminales que vilipendiaron a Paz y Paz. La juez, según una organización de las Naciones Unidas citada por Nómada, ha favorecido a lavadores de dinero y a ex personal militar acusado de abusos contra los Derechos Humanos.
“El sistema no perdona a Claudia Paz y Paz por haberlo desafiado”, escribió Nómada.
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