En respuesta a la mayor actividad criminal, se declaró el estado de emergencia en Callao, principal puerto de salida de embarques de cocaína en Perú. Pero queda la duda de si la mayor presencia de fuerzas de seguridad resolverá los factores que desataron la violencia.
El 4 de diciembre, el presidente peruano Ollanta Humala anunció un estado de emergencia en la región de Callao en respuesta a la gran inseguridad ciudadana, según informes de El Comercio. Para "enfrentar a la delincuencia y poner orden interno como debe ser", la Policía Nacional en Callao recibirá apoyo, aunque no se desplegarán las Fuerzas Armadas en esta ocasión.
Según La Republica, el gobernador de Callao Félix Moreno Caballero hizo el pedido al gobierno de declarar estado de emergencia por un aumento en los homicidios y la actividad criminal. En lo corrido del año, han ocurrido cerca de 140 homicidios relacionados con el crimen organizado en la ciudad de Callao, y sus habitantes temen que se haya iniciado una "guerra" entre las pandillas que se disputan el control de la extorsión y el narcotráfico.
Desde el 5 de diciembre, se desplegaron alrededor de 2.000 agentes de policía en todo Callao, centrando los esfuerzos en las áreas más peligrosas, según una nota de Diario Uno. Aproximadamente 300 sospechosos fueron detenidos en los primeros tres días del estado de emergencia. El gobernador de Callao Walter Mori indicó que la mayor frecuencia de operativos policiales está "desarticulando las bandas, que es el meollo del tema".
El estado de emergencia deberá durar 45 días. Durante ese tiempo, la policía puede suspender los derechos constitucionales restringiendo la libertad de movimiento y realizando allanamientos y arrestos sin orden previa. En Perú, debe renovarse la declaratoria de estado de emergencia después de 60 días.
Análisis de InSight Crime
Callao (nombre de la región y de su principal ciudad) alberga el puerto marítimo más importante de Perú. Por este motivo, se ha convertido en centro clave del narcotráfico y el contrabando, lo que genera disputas entre los grupos criminales que buscan el control territorial.
Un alza correspondiente en la violencia en Callao como resultado de la mayor competencia criminal parece ser la principal motivación detrás de la declaración del estado de emergencia hecha por Humala. Y no cabe duda de que la mayor presencia policial puede ayudar a contener los enfrentamientos violentos entre rivales y reducir actividades criminales, como la extorsión.
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Sin embargo, el despliegue de fuerza del gobierno puede hacer poco para dar tranquilidad duradera a largo plazo a la ciudad portuaria. Un facilitador de la posición de Callao como centro del crimen organizado es la corrupción entre los funcionarios portuarios. Por ejemplo, se dice que el jefe de seguridad del puerto cobra alrededor de US$20.000 por ingresar al puerto, y los trabajadores del puerto pagaron por lo menos US$10 por kilo que manejaron.
Esta corrupción, y las ganancias ilícitas que maneja, pueden ser el verdadero "meollo del tema". Mientras el puerto de Callao siga siendo una forma viable y permisiva para la exportación (y la importación) de productos ilícitos, puede esperarse que se mantenga esta violencia desatada por la competencia del crimen por el control de este bien raíz que puede considerarse Callao.
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