La administración del presidente recientemente elegido en Perú, Pedro Pablo Kuzcynski, anunció que no se recurrirá a los soldados para combatir la delincuencia callejera, un paso positivo que sin embargo no será efectivo mientras no se hagan mayores inversiones en la reforma policial.
Durante una conferencia de prensa el 11 de agosto, el ministro del Interior Carlos Basombrío dijo que las fuerzas armadas deben tener responsabilidades distintas a las de la policía, lo que va en contra de la noción popular de que los militares deben participar en la seguridad ciudadana, informó El Comercio.
"Ser militar y ser policía son dos funciones diferentes", dijo Basombrío. "Si fuera como cree la gente, y yo no comparto esa [opinión], que los militares no tienen nada qué hacer, tendríamos más policías simplemente”, explicó en la conferencia de prensa.
Basombrío agregó que la clave para mejorar la seguridad radica en el fortalecimiento de la policía.
El presidente Kuzcynski, que fue elegido en junio y asumió el cargo a finales de julio, criticó a sus opositores que durante la reñida campaña presidencial defendían una estrategia más militarizada para la seguridad.
“En la campaña se habló de poner al ejército en las calles. ¿El Ejército peruano cómo va a controlar una extorsión a una zapatería en Trujillo?”, preguntó. “Es otro tipo de criminalidad, es mucho más complicado. Se necesita más equipo y sofisticación”.
Según El Comercio, dos de los principales rivales de Kuzcynski para la presidencia, Keiko Fujimori y Alan García, habían propuesto aumentar la participación del ejército en la lucha contra el crimen.
Análisis de InSight Crime
Estos comentarios indican que la administración de Kuzcynski quiere demarcar claramente los respectivos papeles de la policía y el ejército en la seguridad del pueblo peruano. Esta raya divisoria se ha difuminado cada vez más en los países latinoamericanos, desde Argentina hasta México, dado que a menudo se piensa que el ejército es una alternativa mejor que las fuerzas policiales, las cuales son consideradas débiles y corruptas. Pero las estrategias de seguridad militarizadas han generado el temor de que se presenten mayores violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad; además, y hay poca evidencia de que dichas estrategias permitan disminuir de manera sostenida la violencia criminal.
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Los comentarios de la administración se quedan cortos, sin embargo, a menos que haya un verdadero compromiso de reformar y fortalecer a la policía. Casi cien policías peruanos están actualmente bajo investigación por participar en una serie de ejecuciones extrajudiciales entre 2011 y 2015. La policía también ha sido acusada de robar cargamentos de drogas ilícitas, y unos 200 oficiales fueron suspendidos en 2014 por sus presuntos nexos con una importante organización criminal.
Si no se hace una mayor inversión en la reforma policial, los oficiales seguirán siendo propensos a la violencia y la corrupción. Ello a su vez presionará más a las autoridades para hacer precisamente lo que dijeron que no harían: desplegar el ejército para que haga el trabajo de la policía.
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