Perú elige presuntos narcotraficantes como presidentes regionales

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Mientras los votos de las elecciones regionales y locales de Perú siguen en el proceso de conteo, algunos candidatos sospechosos de tener vínculos ilícitos han surgido entre los ganadores a los Gobiernos Regionales, en una señal de que el escándalo preelectoral hizo poco para mantener a los narcocandidatos a raya.

Dos presuntos lavadores de dinero incluidos en una lista presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por el ministro del Interior de Perú en agosto han ganado escaños como presidentes regionales (similares a los gobernadores), informó La República. Gilmer Horna Corrales, elegido para la Presidencia Regional de Amazonas, actualmente está siendo investigado por supuestamente haber lavado más de US$ 3,5 millones. Wilfredo Oscorima, reelegido en Ayacucho, actualmente también está siendo procesado por lavado de dinero.

Mientras tanto, Manuel Gambini, ganador en Ucayali, es un excocalero investigado por enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico, según una investigación preliminar del gobierno a la que tuvo acceso Associated Press.

Un cuarto candidato a la Presidencia Regional, Michael Martínez de Apurimac -sospechoso de haber recibido dinero de empresarios vinculados al tráfico de drogas– ha pasado a una segunda ronda de votación, pues no consiguió el 30 por ciento de los votos necesarios para ganar en la primera ronda.

En medio de este caos electoral -en el que se registraron 95 actos de violencia y tres muertes, además de los dos candidatos a la Alcaldía y los dos policías asesinados en el período previo a las elecciones- las autoridades peruanas también han capturado al alcalde de Chiclayo, en la provincia costera de Lambayeque, acusado de lavado de dinero y de dirigir una red criminal.

Análisis de InSight Crime

Las campañas políticas en Perú, al igual que en gran parte del Latinoamérica, son financiados por acaudalados individuos. Y en los lugares donde los traficantes de drogas son los más poderosos actores económicos y sociales, es un problema importante, como ha sido evidenciado durante las elecciones de Perú.

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A pesar de que el listado completo de los ganadores distritales y regionales aún no se ha hecho publico, es bastante probable que una cantidad significativa de los ganadores incluya a presuntos narcotraficantes -especialmente teniendo en cuenta que Sonia Medina, la principal funcionaria antidrogas de Perú, había señalado a Associated Press que el organismo que preside identificó 700 candidatos con sospechosos vínculos a actividades ilícitas. (Antes de las elecciones, InSight Crime identificó las regiones de Perú en las que se estaban lanzando a cargos públicos más de 100 narcotraficantes presuntos y convictos).

Los vínculos entre presuntos narcotraficantes y políticos son un problema generalizado y recurrente, incluso en los más altos niveles del gobierno de Perú. Se cree que los traficantes de drogas que operan en Perú gozan de una significativa protección oficial. Adicionalmente, el exministro del Interior del país, Fernando Rospigliosi, ya había señalado a Perú 21 que, en gran medida, tanto a nivel local como regional, los candidatos dependen de los traficantes de drogas para financiar sus campañas electorales.

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