La reciente aprobación de un monitoreo relativamente sencillo al cambio de divisas es una señal de cuán lejos ha llegado el país en sus esfuerzos contra el lavado de dinero.
Como parte de los actuales esfuerzos por combatir el lavado de dinero, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de Perú aprobó unas regulaciones que les exigen a las casas de cambio registrar a los clientes que realicen transacciones iguales o superiores a los US$5.000. Quienes hagan transacciones por un monto entre US$200 y US$5.000 deberán mostrar sus documentos de identidad.
Además, los clientes de “alto riesgo”, como los extranjeros y los negocios sin matrícula, serán sujetos a inspecciones adicionales. La información de transacciones iguales o superiores a US$5.000 será enviada periódicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS para su revisión.
La norma entrará en vigencia el 1 de marzo de 2016
Análisis de InSight Crime
Cuando se trata de lavado de dinero, las autoridades peruanas saben que tienen un serio problema entre manos. En años recientes, el crecimiento de la economía en Perú y la expansión de la industria de servicios han abierto espacios para que los grupos criminales legitimen sus ganancias obtenidas ilícitamente.
La decisión de Perú de ejercer mayor vigilancia al cambio de divisas es un indicador positivo. Sin embargo, es una medida relativamente básica, que muestra lo lejos que ha llegado el país para establecer una política acertada y efectiva contra el lavado de dinero. (Recientemente, en 2012, el ministro de justicia de Perú admitió que el país no tenía detenidos por cargos de lavado de dinero.)
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Estadísticas recientes muestran la potencial magnitud del lavado de dinero en Perú. Según El Comercio, desde 2010 la SBS ha registrado más de 3.000 transacciones vinculadas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF estima que la cantidad de dinero intercambiada en estas transacciones sospechosas es superior a US$8.000 millones.
Los datos de la SBS también apuntan a que el gobierno haría bien en investigar el lavado de dinero relacionado con la minería ilegal. Como lo informa El Comercio, la SBS cree que el 44 por ciento de las transacciones financieras sospechosas desde 2010 —una cifra que ronda los US$4,35 mil millones— están vinculadas con la minería de oro. En contraste, el 31 por ciento están relacionadas con el narcotráfico (US$3,11 mil millones) y el 7 por ciento con la corrupción ($716 millones). El comercio ilegal de oro genera unas ganancias estimadas en US$3.000 millones y, como lo indican los datos de la SBS, podría estar reportando mayores ingresos que los del narcotráfico.
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