Las autoridades de Perú han anunciado que excluirán de las próximas elecciones a más de 300 candidatos políticos con antecedentes criminales, en una decisión que podría no ser una respuesta del todo justa, aunque es una señal de que existe la voluntad para actuar.
El 18 de agosto, Francisco Távara, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, anunció la exclusión de 345 candidatos con condenas vigentes de las elecciones del 5 octubre, informó Terra. Los tipos de crimen por los que los políticos han sido condenados van desde el no pago de manutención de menores hasta el tráfico de drogas, informó CNN.
Sin embargo, esta medida no aplicará para los candidatos que ya cumplieron su condena, pues la legislación peruana los considera rehabilitados. A pesar de que Távara recomienda que estos candidatos también sean excluidos de las elecciones, los partidos políticos serán los que tomen la decisión final de si se les debe o no excluir del proceso, informó EFE. Távara también propuso una serie de reformas a la ley electoral, como las exigencias de que los candidatos declaren sus bienes y revelen si tienen casos judiciales en curso.
Análisis de InSight Crime
Los funcionarios peruanos ya han planteado serias preocupaciones acerca de los candidatos en las próximas eleccionese del país, en la que 25 presidentes regionales, 195 alcaldes provinciales y 1.647 distritales ganarán un asiento. La semana pasada, el ministro del Interior Daniel Urresti reveló que 115 candidatos habían sido vinculados a casos de tráfico de drogas, mientras que según Távara, tres de los 345 candidatos que serán excluidos han sido condenados por tráfico de drogas, así como tres por terrorismo, tres por violación, y tres para secuestro.
La exclusión de los candidatos puede ser una respuesta a la corrupción generalizada, los lazos criminales, y la impunidad en el gobierno de Perú. Tres presidentes recientes han estado implicados en actividades criminales, entre ellos el expresidente Alan García, quien ha sido investigado por presuntamente otorgar indultos presidenciales a narcotraficantes con condenas -a cambio de sobornos. El año pasado varios gobernadores, alcaldes y congresistas, también fueron investigados por tener vínculos con el narcotráfico. Además, la Procuraduría Anticorrupción del país informó recientemente que más del 90 por ciento de los alcaldes del país estaban siendo investigados por corrupción.
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Sin embargo, aunque la decisión del JNE de excluir a candidatos con condenas en curso indica un compromiso para evitar que los criminales se infiltren en el gobierno del país, la imparcialidad de la medida es cuestionable. Algunos de los candidatos han cometido crímenes graves. Távara señaló que muchos fueron condenados por no pagar la manutención de menores, un crimen que podría decirse que tiene poco impacto en la aptitud de un candidato para un cargo político. El hecho de que también se haya excluido a una proporción tan grande de estos candidatos plantea la posibilidad de que la medida tenga motivaciones políticas.
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