Funcionarios peruanos han revelado que 19 políticos están siendo investigados por vínculos con el narcotráfico, lo que subraya la vulnerabilidad de Perú al tipo de narcoinfiltración en la política que es común en el resto de la región.
El 2 de septiembre Sonia Medina y Julia Príncipe, abogados antidrogas, revelaron que cinco miembros del Congreso, tres gobernadores y 11 alcaldes son actualmente objeto de investigación por lavado de dinero y tráfico de drogas, informó la revista Caretas.
Días antes, el sociólogo Jaime Antezana dijo a Caretas que siete congresistas de cuatro partidos políticos estuvieron involucrados en estas mismas actividades ilegales: tres de Gana Perú, dos de Fuerza Popular, uno de Perú Posible y uno de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).
Según Caretas, tres políticos aparecen tanto en la lista de Antezana como en la de las otras investigadoras. Uno de ellos es el gobernador de Huánuco, Luis Picón Quedo, quien junto con su familia ha estado bajo investigación desde 2010 por lavado de dinero y narcotráfico.
Un segundo sospechoso es César Merea, alcalde de Satipo en el departamento de Junín, quien fue acusado de narcotráfico mientras servía en el ejército, y más tarde fue acusado de albergar a narcotraficantes del Cartel de Tijuana de México.
La tercera política que se encuentra en las dos listas es María López Córdova, congresista de Fuerza Popular, quien, junto con su esposo, ha sido investigada por Príncipe durante dos años por lavado de dinero.
Análisis de InSight Crime
Esta no es la primera vez que aparecen presuntos vínculos narcopolíticos en Perú, y el país es susceptible al tipo de corrupción por crimen organizado que se ve en las instituciones políticas del resto de la región, sobre todo en Colombia y México. El APRA, ex partido de gobierno, se ha enfrentado a una serie de acusaciones en los últimos años, y el actual presidente Ollanta Humala, de Gana Perú, también ha sido acusado en el pasado de vínculos con el narcotráfico.
Recientemente, la excongresista Nancy Obregón de Gana Perú, fue arrestada por narcotráfico y de tener vínculos con el grupo guerrillero Sendero Luminoso. Otros miembros de la administración del expresidente Alan García han sido acusados de aceptar sobornos de narcotraficantes a cambio de la reducción de sus condenas en prisión.
Los políticos de los epicentros del crimen organizado en Perú son particularmente vulnerables a la corrupción. Algunos de los que se encuentran en la lista provienen de, o trabajan en, los departamentos que rodean la región del VRAME en Perú, uno de los centros de producción de cocaína peruana, los cuales incluyen Huancavelica, Ayacucho y Junín. Otros dos provienen de Huánuco, que, junto con Junín, ha sido el foco de los esfuerzos de erradicación de coca este año.
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