El gobierno peruano apunta al negocio ilegal del oro con la declaración de la minería ilegal como actividad del crimen organizado, a la vez que lanza un nuevo programa de formalización para mineros, en una estrategia de incentivos y castigos que, según lo muestra la historia, serán difíciles de implementar.
La ministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Pérez Tello declaró a la prensa peruana que la minería ilegal, junto con actividades relacionadas que incluyen el tráfico de equipos y sustancias usadas en minería y el financiamiento de la minería ilegal, deben integrarse en la Ley sobre Crimen Organizado del país, informó El Peruano.
La decisión implicará que ahora las autoridades pueden investigar un caso mientras que el acusado permanece detenido hasta por 36 meses y confiere facultades extraordinarias a los investigadores, como el uso de agentes encubiertos.
Además, el ministro de energía y minas Gonzalo Tamayo anunció el lanzamiento de un nuevo plan para la formalización de los mineros.
El gobierno aspira a formalizar a la mitad de una población estimada de 100.000 a 120.000 mineros en el país, según El Comercio. El nuevo plan buscará simplificar los procedimientos requeridos para formalizar e incentivar a los mineros ofreciéndoles créditos y facilitando la concesión de títulos mineros.
Según el ministro, el gobierno establecerá una diferencia entre mineros ilegales y mineros informales, que puedan incorporarse a la economía legal determinando cuáles operan en zonas donde está prohibida la minería y a cuáles simplemente les faltan la autorización y licencias de ley.
Análisis de InSight Crime
Separar la minería informal de la ilegal es uno de los mayores desafíos que enfrentan gobiernos como el de Perú, en lo que respecta a abordar el auge de la minería ilegal que ha devastado varias partes de Latinoamérica en los últimos años.
Las operaciones indiscriminadas que criminalizan toda la minería que no sea legal pone en riesgo la subsistencia de miles de personas y el futuro económico de los territorios mineros. Sin embargo, la infiltración y la cooptación de la minería informal por parte de las redes criminales hace en extremo difícil trazar una línea clara entre lo criminal y lo informal.
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Encarar el problema desde ambos lados —eliminando los ilegales mientras que se busca formalizar los informales— es una estrategia que están adoptando los países afectados por la minería ilegal, como la mejor vía para resolver dicha situación.
Sin embargo, estos intentos no son nuevos para Perú, y su historial previo no es bueno. En la pasada campaña de formalización se inscribieron aproximadamente 70.000 mineros para incorporarse a la industria minera legal. Sin embargo, varios años después, solo 161 operaciones mineras, que representan cerca de 3.000 personas han completado el proceso, según palabras de Tamayo citadas en El Peruano.
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