El Gobierno de Perú ha propuesto una serie de nuevas leyes para luchar contra el cibercrimen, un paso prometedor en una región donde la policía no ha podido seguir el ritmo al que avanza la tecnología criminal.
La Ley de represión contra cibercriminalidad, enviada al Congreso el mes pasado, tiene como objetivo garantizar que cualquier persona, que viole las medidas de seguridad para acceder a una parte o la totalidad de un sistema informático sin autorización, se enfrentará a sanciones legales. Cualquier persona que acceda a la información sin que se le hubiesen facilitado las contraseñas necesarias, automáticamente está cometiendo un delito, informó La República.
La ley impone varias penas, según los diferentes tipos de información a la que se acceda o el tipo de actividades llevadas a cabo. Aquellos que ilegalmente intercepten información digital se enfrentarán a hasta seis años de cárcel –diez años si la información es clasificada–. Quienes usen el Internet para hacer propuestas sexuales a menores de edad recibirán penas de hasta ocho años; y los que distribuyan pornografía infantil, hasta 12 años. El robo de identidad, incluyendo el phishing –la obtención ilegal de información personal en Internet– y la clonación de tarjetas, incurrirá en una pena de hasta cinco años.
La ley también tiene como blanco a quienes presten o manufacturen equipos para que otras personas cometan cibercrímenes, señaló el diario El Peruano. Las leyes existentes tenían 15 años y necesitaban ser renovadas, y los jueces se habían quejado de que no eran lo suficientemente claras, dijeron algunos abogados al periódico.
Análisis de InSight Crime
La ciberdelincuencia se ha convertido en un problema importante en Latinoamérica, con más de la mitad de las empresas habiendo reportado algún tipo de ataque en 2012. El malware –software informático utilizado para entrar y dañar o alterar los sistemas informáticos– es un problema en particular. Un estudio publicado a principios de este año, que analizaba a 20 de los 32 países miembros de la Organización de los Estados Americanos, encontró que los casos de cibercrímenes han aumentado entre un 8 y 40 por ciento en los distintos países entre 2011 y 2012.
El estudio también encontró que los países latinoamericanos estaban luchando por mantenerse al día con el uso avanzado de la tecnología por parte de los criminales, y citó específicamente la falta de una legislación adecuada como "uno de los principales impedimentos para frenar la ciberactividad ilegal en 2012". Los esfuerzos de Perú, para reformar sus leyes para el cibercrimen, deben ser bienvenidos.
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